(Río Grande, junio 16 de 2013) – La ex diputada Nacional María Adela “Mariel” Calchaqui podría enfrentar antes de fin año el juicio oral en la causa que se le sigue por defraudación al Estado provincial.
Este viernes el Fiscal Oscar Quadrini pidió la elevación a juicio oral y público en contra de la ex legisladora nacional, medida que el Juez a cargo de la instrucción Héctor Ochoa definiría en un plazo máximo de 15 días.
Calchaquí afronta una posible condena de entre un mes y seis años, acusada de estafa al Estado provincial por haber cobrado durante 17 años un adicional salarial, amparada en un certificado de estudios apócrifo.
La ahora ex diputada Nacional ingresó en 1990 a la administración pública provincial, revistando en el área de Desarrollo Social en la categoría 23. A su ingreso presentó un certificado de estudios secundarios con membrete de la escuela Jerónimo Luis de Cabrera de la ciudad de Córdoba, gracias al cual percibió el ítem correspondiente, aparentemente en forma ilegal.
En efecto, en 2011 una denuncia ante el gobierno y el Tribunal de Cuentas advertía que dicho documento, (archivado en el legajo de la imputada en el área de Recursos Humanos) habría sido fraguado y que Adela Calchaquí no tenía estudios medios completos cuando ingresó a la planta de Gobierno.
Hechas las averiguaciones pertinentes, la directora del cordobés Instituto Superior Jerónimo Luis de Cabrera (ex escuela Jerónimo Luis de Cabrera) Claudia Franco, reportó que “la constancia de Estudios que se adjunta en copia a favor de la Sra. María Adela Calchaquí DNI: 20.225.301 el 20 de febrero de 1989, no fue extendida por vuestro establecimiento (sic) y que según reza en el sello oval de la constancia dice: Escuela Superior de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera”, y haciendo expresa salvedad, indica; “nuestro establecimiento nunca llevó esa denominación por cuanto nuestro sello correspondiente a esa fecha reza Instituto Jerónimo Luis de Cabrera”.
En función de todo ello en noviembre de 2011 el Fiscal de Estado de la Provincia Virgilio Martínez de Sucre, emitió un contundente dictamen contra Calchaquí entendiendo que estaba configurado, en principio, el presunto delito de falsificación y/o adulteración de certificado de título secundario. Solicitó, en consecuencia, la exoneración de la agente de la Administración Púbica, medida que, a dos años, todavía no fue consumada por el gobierno.
Con las pruebas en la mano, el gobierno provincial radicó la correspondiente denuncia penal por defraudación, la que quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Nro. 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo de Héctor Ochoa.
El 15 de mayo pasado, el magistrado dispuso el procesamiento de la imputada y la embargó preventivamente en la suma de 15 mil pesos.
Esta semana, y reunidas todas las pruebas del caso, el Fiscal Quadrini dispuso solicitar la elevación a juicio, bajo la acusación de “Utilización de documento público falsificado, en concurso ideal con defraudación al Estado” (artículos 172 y 173 del Código Penal) que prevé una pena mínima de un mes y máxima de seis años, por lo que es excarcelable.
Sin fueros, pero con protección
María Adela Calchaquí accedió a una banca de la Cámara Baja del Congreso Nacional en 2007 por el Partido de Unidad Federalista que lideraba el genocida Luis Abelardo Patti. Concluyó su mandato en diciembre de 2011, sin haberse visto afectada por la denuncia en su contra que ya se encontraba muy avanzada.
Posee el título de Licenciada en Ciencias Políticas, otorgado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ingresó sin haber completado los estudios secundarios, gracias al plan especial que implementó esa casa de altos estudios para personas que superan los 25 años de edad y que no poseen título de educación media.
Así, durante 17 años, percibió un ítem salarial por título secundario cuando solo había cursado el primer año. Nunca retiró el certificado fraguado del legajo para reemplazarlo por el obtenido años después, por lo que el delito que se le imputa tuvo continuidad material hasta 2007. Una vez sometida a juicio, el Tribunal Oral podría ordenar la restitución de los salarios mal percibidos, lo que representaría una suma cercana a los cien mil pesos, más intereses.
Con todo, y después de haber culminado su mandato en la Cámara baja, Calchaquí nunca regresó a su lugar de trabajo. Permanece bajo la polémica figura de “adscripta” refugiada en despachos del Congreso Nacional. Incluso registra domicilio en la ciudad de Buenos Aires adonde deben ser dirigidas las notificaciones judiciales.
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