El ministro de Justicia de Chile, Teodoro Ribera, presentó ayer su renuncia al cargo por su supuesto vínculo con un caso de corrupción ligado a un instituto profesional en cuya propiedad tiene participación.
Su salida se esperaba desde la semana pasada, cuando se conocieron detalles del caso a través de la prensa. Cuando ya era titular de Justicia, Ribera contrató en 2011 al entonces presidente de la estatal Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, para que prestara asesorías a Gendarmería, dependiente de su Ministerio.
Ese vínculo laboral se mantuvo mientras la CNA resolvía la acreditación del Instituto Profesional Incacea, del cual Ribera posee un 7,5 por ciento.
Esas acreditaciones son certificaciones que da el Estado para respaldar la calidad de las instituciones educativas y poder recibir fondos públicos, aunque no es requisito indispensable para que éstas funcionen.
La acreditación fue finalmente rechazada, ya que sólo contó con dos votos a favor, entre ellos el de Luis Eugenio Díaz, quien se encuentra en prisión preventiva imputado por cohecho y lavado de activos por supuestamente haber cobrado por otorgar esas credenciales.
Unas horas más tarde, el presidente Sebastián Piñera encabezó la ceremonia en la que Patricia Pérez, de 38 años y hasta ayer subsecretaria de Justicia, fue nombrada como nueva ministra de esa cartera.
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