(Río Grande, octubre 23 de 2012) – Después de más de un siglo de políticas divagantes, erráticas y hasta desquiciadas (quién no recuerda los ositos Winnie Pooh del canciller Di Tella), los argentinos hemos aprendido que, con respecto de la causa Malvinas, no queda más lugar para errores estratégicos ni políticas equivocadas.
Perdida toda posibilidad de una acción intempestiva a mediano ni largo plazo, la diplomacia y la persistencia en el reclamo son las únicas armas que la Argentina cuenta para recuperar del imperialismo colonialista británico las tierras que son irrenunciablemente argentinas.
Las Islas Malvinas, siendo territorio compatriota, sin lugar a debates, son, además fueguinas por ley.
La Ley Nacional argentina N.º 346 establece en su artículo 1: «Son argentinos: 1.- Todos los argentinos nacidos o que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres (…)» (principio de ius soli). Por la Ley N.º 23.059: «Se declaran inválidas y sin ningún efecto jurídico las pérdidas o cancelaciones de la nacionalidad argentina (…)» (principio de nacionalidad perenne) por lo tanto para el gobierno argentino las personas nacidas en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas. A pesar de que esos territorios sean considerados por Argentina como «ocupados ilegalmente por el Reino Unido», la ley reconoce que los nacidos allí, aunque sean ciudadanos de otro país no pierden su ciudadanía natural argentina (1).
Además, en 2009 fue aprobada (después de 20 años de tratamiento) la ley Nacional 26.552 que establece los límites de la Provincia de Tierra del Fuego, incluyendo en ellos inequívocamente, al archipiélago de Malvinas. Va de suyo, entonces, que todos los nacidos en territorio malvinense son indiscutiblemente fueguinos, además de argentinos.
Aún está en Diputados -por otra parte- el proyecto de Ley que impulsa otorgar a los malvinenses el derecho a reclamar la emisión de un Documento Nacional de Identidad argentino, si así lo requirieren, independientemente de su situación ciudadana en relación a Gran Bretaña, eximiéndolos de todo requisito, adicional a la constancia de ser nacidos en Malvinas.
En el marco de toda esta legislación y de toda esta política de soberanía es que, en 2011, la provincia de Tierra del Fuego inscribió a un hombre nacido en las Islas Malvinas como ciudadano argentino y la presidenta Cristina Kirchner le entregó el DNI durante un acto en la Casa Rosada.
James Peck, hijo de un excombatiente, nació en 1968 en Puerto Argentino y obtuvo –a su pedido- una partida de nacimiento de Tierra del Fuego, en tanto que el trámite de emisión del DNI quedó a cargo de la delegación del Registro Civil con asiento en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego y de Malvinas.
Todo esto parece haber sido ignorado por los asesores del Intendente de Ushuaia y del Centro de excombatientes que acaban de proponer la realización de una consulta popular entre los ciudadanos de la capital provincial, a quienes se les interrogaría acerca de “si consideran argentinos a los nacidos en Malvinas”.
¿Qué opinaría James Peck de semejante duda planteada desde el gobierno municipal de la capital fueguina a sus propios conciudadanos? Qué diría Peck padre, que combatió en Malvinas, acerca de la peregrina consulta de los excombatientes?
Hay lugar para tamaño equívoco en medio de la batalla legal y diplomática en la que Argentina está embarcada por Malvinas?
¿Es admisible que desde la propia capital de Tierra del Fuego y de Malvinas se planteen dudas respecto de la nacionalidad de los malvinenses, sin que ello nos cueste un retroceso en materia de estrategia diplomática?
Federico Sciurano deberá admitir públicamente que le han hecho cometer un error mayúsculo en perjuicio de los intereses argentinos sobre Malvinas que duele y lastima a los malvinenses que se sienten argentinos. Y no vale argüir que los rechazos a la malnacida idea se deben a “un error de interpretación”.
Las consultas populares, aun siendo una herramienta de participación popular altamente democrática, suelen caminar por la cornisa de la demagogia sino del error político.
En este caso ocurrieron ambas cosas, en grado extremo, y se cayó en un error de estrategia que los argentinos no pueden cometer, menos los fueguinos y mucho menos un funcionario que pretende ser gobernador de Tierra del Fuego y, por tanto, de Malvinas.
Ref.: (1) wikipedia
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