(Río Grande, 26 de setiembre de 2012) – Mediante un comunicado los jueces y funcionarios de la justicia indicaron que en el término del último año se han dictado alrededor de 16.000 sentencias entre definitivas e interlocutorias, por sólo 34 jueces de todas las instancias y fueros. En casos de corrupción hay 21 detenidos, destacaron.
El comunicado
Resulta enriquecedor que se debatan las cuestiones relacionadas al funcionamiento de la Justicia, deviniendo trascendente tomar en cuenta las opiniones de los abogados de la matrícula.
Es importante conocer la visión de todos los operadores del sistema, especialmente cuando constituyen críticas puntuales en la actuación de jueces y otros funcionarios, pues ello resulta ser una herramienta de valor para efectuar correcciones, ya que, en toda acción del ser humano existe la posibilidad de falibilidad.
Ahora bien, poco contribuyen los agravios, para solucionar las problemáticas señaladas.
Especialmente, en la causa penal en la que se imputan torturas a personal del Servicio Penitenciario que sirvió de base a la crítica que se responde, el sistema está funcionando. Con los matices y correcciones inherentes a las salvaguardas de revisión y control que prevé el mecanismo interno para encausar posibles falencias propias de la imperfección humana.
Desde otra óptica, mas allá de circunstancias puntuales, la sociedad debe valorar que “su” Poder Judicial, puede mostrar resultados concretos, como, por ejemplo, que en el término del último año se han dictado alrededor de 16.000 sentencias entre definitivas e interlocutorias, por sólo 34 jueces de todas las instancias y fueros.
En cuanto a las declaraciones referidas a una cierta protección de la corrupción en la provincia, la realidad muestra que el pueblo fueguino puede confiar plenamente en su sistema de justicia. En cinco años, hubo 21 condenas en causas de delitos contra la administración pública, lo que constituye un dato que, de por sí, demuestra la inconsistencia y falta de fundamento de la crítica realizada. Vale aclarar que dichas figuras jurídicas son las menos frecuentes en otras jurisdicciones y, eso, cualquier jurista lo tiene presente.
El Poder Judicial fueguino puede exponer con orgullo parámetros que demuestran claramente la idoneidad de sus operadores, ya que más del 80 % de sus magistrados y funcionarios tienen título de pos-grado o están cursando una carrera de especialización, maestría o doctorado. Dicho dato -poco frecuente- pone en evidencia el interés de sus miembros por capacitarse, como así también un compromiso notable y destacable con su vocación y responsabilidad funcional.
Cabe poner de resalto, que el ejercicio de la función judicial, puede resultar contrapuesta con el clamor social. Ante la violación de las normas, la sociedad reclama la restitución inmediata de su vigencia. En la mayoría de los casos resulta imposible al juez, satisfacer la respuesta que demanda la comunidad en el marco temporal que se pretende, ya que se debe actuar a través de un proceso, con los límites que la ley –dictada indirectamente por la misma sociedad- le impone; sin embargo, esas reglas constituyen la herramienta que asegura la protección de los bienes más preciados del individuo, como son: la vida, la libertad, el patrimonio y la honra, entre otros.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios convocamos a los Colegios profesionales y a todos los abogados, a trabajar en conjunto para perfeccionar nuestro sistema de justicia, en un marco en que son bienvenidas las críticas con ánimo constructivo y hacemos un llamado a la reflexión, respecto de aquellas manifestaciones agraviantes que poco aportan a tal fin.
Río Grande, 25 de setiembre de 2012.
Fdo. Javier de Gamas Soler (Vocal), Ernesto Löffler (vocal), Guillermo González, Vice- Presidente, Martín Bramatti (Tesorero), Julián De Martino (Presidente)