A través de un comunicado de prensa, organismos que bregan por los Derechos Humanos en nuestro país presentan un repudio contra los magistrados que, según ellos, son “cómplices con el terrorismo de Estado”.
En la información vertida en la página web de las Abuelas de Plaza de Mayo, se expresa que “los organismos firmantes repudiamos que, a más de 36 años del golpe más nefasto que sufrió nuestro país, aún sigan en ejercicio magistrados cómplices de la impunidad, como la juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez”.
“La juez Álvarez es esposa del comodoro Fernando Estrella y nuera del vicecomodoro (retirado) Luis Estrella, quien actualmente está detenido por delitos de lesa humanidad, está siendo juzgado por el asesinato de los curas tercermundistas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en la Rioja, y es uno de los imputados en la causa que investiga el asesinato del Obispo Enrique Angelelli”.
Más adelante el comunicado reza textualmente que: “Junto con otros organismos de derechos humanos denunciamos que la connivencia de la jueza Álvarez con el pensamiento de los genocidas se plasma en algunos de sus fallos, como el de la causa “Monzón Alejandro A. S/Privación ilegítima de la libertad”. Si bien en esa sentencia dictó el procesamiento de Eduardo Sarmiento, Rafael Gugini y Humberto Pompilio Ferrucci por los tormentos aplicados a un grupo de detenidos, también realizó una interpretación del contexto del plan sistemático desplegado por el terrorismo de Estado en la cual justificó las acciones de los agentes estatales a partir de un extenso análisis de la ley N° 21.460, promulgada por la dictadura el 18 de noviembre de 1976 y derogada por la ley N° 23.077 en 1984”. “Es decir, la magistrada optó por utilizar la misma normativa que los genocidas, de forma absolutamente inconstitucional y antidemocrática, lo cual constituye un hecho gravísimo.
Del mismo modo, en la causa contra Reynaldo José Pascuzzi y Carlos María Aleman Urquiza, en la que se investigan los tormentos aplicados en las Islas Malvinas a Carlos Trigoni y Hugo Sandoval, entre otros conscriptos, la jueza Álvarez pretende garantizar la impunidad de los responsables mediante una resolución que declara extinguida la acción penal”.
“De esta manera, rechaza la caracterización de los hechos investigados como delitos de lesa humanidad al considerar que no es una política activa y generalizada de las Fuerzas Armadas”.
“A pesar de los grandes avances de los últimos años, la posición de la jueza Álvarez es replicada en todo el país por otros magistrados que mantienen vínculos y simpatías con los ejecutores del terrorismo de Estado y que pretenden, así, dar garantías a la impunidad. Por eso pedimos una justicia más democrática. Creemos que es el único camino para alcanzar Memoria, Verdad y Justicia”. Firman el comunicado las organizaciones: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).