Si el Ejecutivo aplica la norma que hizo sancionar ayer en la Legislatura local, Córdoba se transformará en la primera provincia libre de prostíbulos con el objetivo de luchar contra la trata de personas y la explotación sexual.
Es que la Unicameral de Córdoba aprobó la ley promovida por el gobernador José Manuel De la Sota que establece la prohibición y la inmediata clausura de todos los lugares donde se “realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual” (ver documento: despacho en comisión).
La prohibición rige también para los locales donde los clientes traten con personas “contratadas para estimular el consumo o el gasto en su compañía” y para “los establecimientos donde se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas y/o prostituidas y/o que se prostituyen, su consentimiento para ello”.
Según un relevamiento del Ministerio de Seguridad provincial, existen en la provincia al menos 155 prostíbulos, los que deberán clausurarse de inmediato cuando la nueva ley se publique en el Boletín Oficial.
El debate en el recinto comenzó ayer cerca de las 17 y finalizó pasadas las 21 y tuvo como primera oradora a la legisladora oficialista Nadia Fernández. Estuvieron presentes el ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes; la secretaria de Prevención de Trata, María Amelia Chiófalo; Susana Trimarco, madre de la joven Marita Verón (presuntamente cooptada por una red de trata) y Eugenia Aravena, presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba (Ammar), entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil.
Fernández aseguró que la Provincia propuso la Ley de Trata en el marco del “respeto irrestricto de las libertades individuales” que “garantizan y resguardan la libertad sexual de todos”.
Además del voto del oficialismo, la norma logró el apoyo del radicalismo, aunque con reparos. Así, el presidente del bloque de la UCR, Luis Brouwer de Koning, al momento de fundamentar el voto positivo adujo que la norma contiene características de “duesetudo” término con el que se refirió al fenómeno de la derogación de una ley por su no uso. Para ejemplificarlo, el legislador recordó que en 1936 se sancionó la ley 12.331 que prohíbe los prostíbulos en Argentina. “En definitiva nos aprestamos a aprobar algo que ya estaba legislado y ningún gobierno aplicó”, remarcó.
Críticas
La nueva ley no contó con el apoyo de todos los bloques y recibió críticas de varios. El Frente Cívico presentó su propio proyecto que no llegó a tratarse en el recinto (ver Advierten que…). Además, la legisladora de izquierda Liliana Olivero se refirió a la “falta el interés de ir con todo contra de este negocio (prostitución y trata)”, que el proyecto “suena a medida propagandística” y manifestó que en vez de solucionar el problema, el proyecto “clandestiniza aún más” el trabajo sexual.
Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), aunque votó a favor de la iniciativa, reclamó un buen plan de contención para las mujeres explotadas y no mero “maquillaje”. Y señaló que, en caso contrario, lo que logrará la ley es “espantar a las mujeres a redes de trata hacia todo el territorio nacional”.
Otras disposiciones
El texto aprobado, de 15 artículos, agrega al Código de Faltas la sanción de 60 días de arresto a quienes contravengan la norma. Además, dispone la obligación de resguardar los derechos de quienes ejercen la prostitución de manera voluntaria en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la ley.
Y añade que a las víctimas de trata se les deberá brindar protección y contención, así como también a su entorno familiar. Y crea una comisión de lucha contra la trata y de contención y recuperación de víctimas de explotación sexual.
Prohibieron antes
Localidades. Un puñado de municipios cordobeses dictaron en los últimos años ordenanzas mediante las cuales prohibieron, en su jurisdicción, el funcionamiento de whiskerías o cabarés. Entre las más recientes aparecen Capilla del Monte y Brinkman. Antes, hicieron punta Alcira Gigena, Villa Nueva y La Calera. A ese reducido lote se agregan algunas pequeñas comunas, como el caso de Ausonia, en el sur provincial. Hay municipios que, aunque no tienen normas específicas, aseguran que no tienen en su ejido locales de ese tipo, entre los que aparecen San Francisco y Cruz del Eje. En tanto, Villa María dictó hace dos años una ordenanza prohibiendo nuevos establecimientos.