(Río Grande, 2 de mayo de 2012) – El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, asiste integralmente al grupo de mujeres resguardadas tras el operativo que se llevó a cabo la semana pasada en Ushuaia, en el marco de una investigación judicial que deberá determinar si existió o no el delito de trata de personas.
“Tal como lo establece el protocolo nacional, estamos asistiendo a este grupo de mujeres desde el momento en que la justicia y la oficina de rescate lo indicaron, y esto incluye la asistencia psicológica a través de un equipo de profesionales del ministerio que están conteniéndolas y apoyándolas en este momento”, aseguró la Ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero.
La intervención de la Cartera Social ante este tipo de situaciones, también incluye “la asistencia alimentaria, alojamiento, vestimenta y todo lo que implique en relación a la salud física y emocional de las personas resguardadas”, agregó la Ministra.
Asimismo, “estamos en contacto permanente con las autoridades judiciales que llevan a cabo la investigación” añadió la funcionaria, “de todos modos, nuestra actuación es integral ya que debemos prestar apoyatura cuando las personas por un acto voluntario, decidan regresar a sus lugares de origen o definan un domicilio en nuestra provincia. Si eligen la primera alternativa -añadió- el protocolo indica que el traslado de estas personas está a cargo del Gobierno de la Provincia, por lo tanto este Ministerio tiene todos los mecanismos dispuestos para que así suceda”.
Todas estas acciones son articuladas con el Ministerio de Salud, quienes también aportaron profesionales de su equipo técnico y materiales para la contención de las personas resguardadas.
La Ministra manifestó que “es importante que todos sepamos de qué hablamos cuando se menciona la trata de personas. La ley, sancionada en 2008, define que existe trata de personas cuando se dio la captación, el transporte y el traslado- ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o la recepción de personas con fines de explotación. Generalmente, esa explotación tiene como fin el comercio sexual y se captan personas con altos grados de vulnerabilidad social, quitándoles los derechos más elementales: la libertad y la identidad”.
“Como ciudadanos, debemos informarnos y comprender que estamos hablando de un delito” advirtió la funcionaria, y que “es importante visualizar que estamos refiriéndonos a redes enlazadas por diferentes delitos, con muchas personas involucradas y en un escenario de intereses y complicidades tan amplio que justamente complejiza su desbaratamiento”.
En la I Reunión de Autoridades en materia de asistencia a víctimas de trata, Tierra del Fuego, a través de la representación del Ministerio de Desarrollo Social, adhirió a las directrices del Protocolo Nacional que indica, entre otros aspectos, que cada jurisdicción es un punto focal encargado de articular, con el propósito de garantizar la coordinación de acciones que reconstruyan derechos vulnerados.
Cabe recordar que la Secretaria de Desarrollo Social, Ana Villanueva, participó de esa I Reunión junto a los representantes de las diferentes provincias argentinas, los 19 y 20 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en donde se definieron las pautas para generar un trabajo articulado en todo el país.
En ese sentido, la Ministra de Desarrollo Social señaló que “tal como lo establece el protocolo nacional, estamos asistiendo a este grupo de mujeres desde el momento en que la justicia y la oficina de rescate lo indicaron, esto incluye la asistencia psicológica a través de un equipo de profesionales del ministerio que están conteniéndolas y apoyándolas en este momento”. La funcionaria explicó asimismo que “como punto focal nuestro rol está muy claro a partir de las directrices que firmamos hace dos semanas, esto es la asistencia alimentaria, de alojamiento, de vestimenta y todo lo que implique en relación a la salud física y emocional de las personas resguardadas”.
El documento al que adhirió Tierra del Fuego, prevé entre otros aspectos el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la información a las víctimas sobre sus derechos y el proceso de asistencia, el principio de consentimiento informado, confidencialidad y derecho a la privacidad, seguridad y protección, asistencia individualizada, trato justo y acceso a la justicia, derecho a la asistencia jurídica, permanencia en el país de destino y estatuto de residencia.