La sombra de Guillermo Moreno es visible hasta en el fin del mundo. La creciente industria de electrónicos en Tierra del Fuego, protegida e impulsada por el gobierno nacional, debió dejar de contratar cerca de 1000 trabajadores en el primer trimestre del año debido al impacto de las restricciones que el secretario de Comercio Interior instaló para frenar la fuga de dólares.
Datos oficiales de octubre pasado indican que había unos 13.473 trabajadores en el total de la industria promocionada de «la isla» -el número incluye las actividades textil, plástica, mecánica y pesquera-. Cerca del 70% de esos trabajadores están en el ensamblado de electrónicos. En tanto, en enero de este año, los contratados llegaban a 10.898 personas, o sea 2575 menos que durante el pico de producción de 2011.
Según confirmaron funcionarios provinciales y municipales (algunos de signo opositor), empresarios y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, en la que se afilian la mayor parte de los trabajadores de las plantas de Ushuaia y Río Grande, parte de esa merma se debe a la estacionalidad que tiene la producción de aires acondicionados, que baja su ritmo a fines de año y lo retoma en febrero.
La otra parte, cerca de 1000 afectados reconocidos oficialmente, se debió a que varias empresas, tanto las que ensamblan esos equipos como las que arman celulares, LCD y otros productos, decidieron frenar la incorporación de personal contratado debido a la incertidumbre que provocaron la imposibilidad de comprar dólares, la declaración jurada anticipada y otras medidas dilatorias en las aduanas impuestas por Moreno y por el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
Tanto en Newsan (Ushuaia) como en BGH (Río Grande), las dos fábricas más grandes de Tierra del Fuego, negaron ante LA NACION que hubieran dejado de contratar personal, aunque admitieron dificultades para conseguir algunos insumos importados. «Tuvimos que esperar para recontratar a la gente y ver qué pasaba con las nuevas medidas [para frenar la importación]», contó, en estricto off the record , un empresario de Río Grande. «Pero, además, el Estado no me vende dólares», agregó.
En sintonía, una firma de esa ciudad decidió comenzar a producir sus productos a mediados de abril y no en febrero, como tenía previsto, justamente por los temores de no acceder a los insumos necesarios.
La UOM en Ushuaia reconoció, en un primer momento, la menor cantidad de trabajadores contratados por el impacto de las medidas nacionales, pero luego uno de los secretarios en esa ciudad, Normando López, señaló que se trató sólo de un problema de «estacionalidad». El gremio es aquí muy cercano al gobierno nacional. Incluso otro de sus secretarios y principales figuras, Héctor Tapia, es legislador provincial por el Frente para la Victoria (FPV).
El sindicato local busca además no darles argumentos a los empresarios en tiempos en los que comienza la negociación paritaria con la cámara que agrupa al sector y que vence en junio. Justamente, la semana pasada en Mar del Plata -donde se realizó el congreso nacional del sindicato que dirige Antonio Caló- decidieron pedir un alza de salarios de un 34% para este año, cerca de diez puntos por arriba de lo que exige a nivel nacional el líder metalúrgico, que el Gobierno busca instalar en la CGT (ver aparte).
Pero más allá de la incertidumbre, las trabas para importar provocaron algunas faltas puntuales de insumos para ensamblar los electrónicos. Un LCD ensamblado en Tierra del Fuego es hoy un 80% de partes importadas y un 20% nacionales. No se conseguían, por ejemplo, componentes electrónicos, estaño y pastas de soldado, entre otras cosas que los hombres de negocios intentan no mencionar por temor a represalias desde Buenos Aires.
«Hay mucha incertidumbre», explicó Diego Navarro, ex presidente en cuatro oportunidades y ahora vocal de la Cámara de Comercio de Río Grande, en donde está la mayor parte de la industria electrónica de la provincia. «El miedo puntual es que llegue la mercadería, pero que no dejen que salga del puerto», indicó. «Hubo declaraciones anticipadas observadas, pero no fueron tantas», señaló un hombre especializado en comercio exterior en esa ciudad. «Fue la incertidumbre lo que hizo que las empresas frenaran los contratos», agregó el experto.
El número de bajas en las plantas, reconocida a La Nacion por autoridades del gobierno provincial y partidos de la oposición que dirigen la intendencia de Río Grande, es menor que la declamada inicialmente por el ministro de Industria, Fabio Delamata, que hace sólo unas semanas afirmó en una radio provincial que la caída llegaba a los 4000 puestos de trabajo. Aún nadie se explica de dónde salió ese número. Este medio llamó varias veces a Delamata, pero no obtuvo respuestas.
A pesar de la desmentida inicial, Delamata -un funcionario apreciado entre empresarios y sindicatos- se vio obligado a asumir la merma en el empleo fueguino. «No podemos dejar de tener en cuenta que el nivel de empleo que se registró en diciembre no es el mismo que existe actualmente», afirmó el funcionario en una nota publicada en su página web.
Confirmó además que «durante enero el tema de las divisas produjo un impacto interesante, ya que hubo empresas que lo que tenían proyectado para el primer trimestre no se vio reflejado en la realidad y la incorporación de personal tampoco se dio de la misma manera; sobre todo en productos de ciclo corto como los celulares. No podemos dejar de reconocer el parate de los primeros meses, pero esto pasó en todo el país».