El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Gonzalo Sagastume, dio inicio a un proceso de análisis y discusión sobre la necesidad de actualizar los códigos procesales en la provincia.
Con el objetivo de modernizar las normativas que rigen los procedimientos judiciales, Sagastume propuso la conformación de comisiones de trabajo que incluyan a los diversos actores del ámbito jurídico y social fueguino.
La iniciativa surgió tras una serie de reuniones que el magistrado mantuvo con jueces, fiscales y defensores públicos, quienes coincidieron en la importancia de evaluar reformas para adecuar los códigos a las demandas contemporáneas.
«Advertimos que una reforma del Código Procesal requiere la participación de todos los operadores del derecho», afirmó Sagastume, destacando la relevancia de involucrar no solo al Poder Judicial, sino también a los otros poderes del Estado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, las entidades sindicales, y los Colegios de Abogados de Ushuaia y Río Grande.
El juez hizo énfasis en la apertura del proceso, señalando que el propósito no es imponer cambios, sino promover un espacio de diálogo y construcción colectiva. “La idea nuestra no es imponer, sino que empezar a hablar sobre lo que ustedes ven”, expresó Sagastume ante los operadores judiciales. Su enfoque busca garantizar que las eventuales modificaciones sean el resultado de un consenso amplio, representando las necesidades y perspectivas de todos los sectores involucrados.
Entre los argumentos que respaldan esta iniciativa, Sagastume recordó que la última reforma al Código Procesal se realizó en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 alterara profundamente las dinámicas sociales y judiciales. En este contexto, señaló que «la modernización determina que los códigos han quedado en condiciones de ser actualizados».
El impacto de la pandemia evidenció la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas y procedimientos más ágiles, una demanda que se alinea con los cambios que han atravesado otros sistemas judiciales del país y del mundo.
El proyecto de reforma no tiene plazos definidos ni propuestas específicas en esta etapa inicial. Según lo expuesto por Sagastume, la intención es que las comisiones trabajen de manera autónoma, evaluando las fortalezas y debilidades de la normativa actual. Este diagnóstico será la base para diseñar cambios que permitan optimizar los procesos judiciales y responder con mayor eficacia a las expectativas de la ciudadanía.
La convocatoria a una participación amplia y plural busca evitar que los cambios sean percibidos como una imposición unilateral, reforzando en cambio la idea de que la reforma es un compromiso colectivo con la mejora de la administración de justicia.
(Fuente: Diario Judicial)
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