El fallecimiento de Marcelo Fernández, presuntamente por mala praxis en el Sanatorio Fueguino, ha desatado un intenso debate público y judicial, con denuncias que salpican a figuras clave del ámbito judicial. En el centro de la controversia se encuentra la fiscal Laura Urquiza, quien ha presentado denuncias formales contra el juez Raúl Nadim Sahade y el fiscal Ariel Pinno, señalando graves irregularidades en la instrucción de la causa penal.
Urquiza criticó la falta de medidas clave en la investigación, como el secuestro de la hoja de anestesia del paciente, un documento crucial que no estaba disponible durante el allanamiento a la clínica. Según la fiscal, la confusión sobre qué autoridad debía intervenir provocó retrasos en estas diligencias esenciales.
La fiscal también enfrenta cuestionamientos debido a su decisión inicial de no asumir la causa cuando se denunció la muerte de Fernández el 18 de octubre, lo que habría generado demoras significativas en el avance del caso.
El caso se complica aún más con las denuncias cruzadas. El abogado querellante José Luis Álvarez, representante de la viuda de Fernández, también acusó al juez Sahade de irregularidades, lo que intensifica las tensiones. No obstante, la relación personal entre Álvarez y Urquiza ha generado suspicacias sobre la imparcialidad de la fiscal, poniendo en tela de juicio la transparencia de su accionar.
Este complejo entramado judicial no solo dificulta el acceso a la verdad para la familia de Fernández, sino que también evidencia fallas estructurales en la gestión del caso. Las denuncias cruzadas y los conflictos personales amenazan con desviar la atención del objetivo central: esclarecer las circunstancias detrás de la muerte de Marcelo Fernández.
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