La familia de Marcelo Fernández ratificó su demanda de justicia en la sede de los tribunales de YPF, en Río Grande, tras el trágico fallecimiento del joven el pasado 18 de octubre en el Sanatorio Fueguino.
La viuda de Fernández y madre de su hijo están tras la pista de posibles responsabilidades por mala praxis y confían en que la Justicia pueda aclarar las circunstancias de su deceso.
En ((La 97)) Radio Fueguina, Francisco Giménez, abogado querellante que representa a la familia, manifestó que aunque se están produciendo avances en la causa, estos no son los esperados.
«La familia quiere saber cuanto antes qué sucedió con su ser querido», declaró. Los avances incluyen la recolección de pruebas y testimonios, la identificación del personal médico presente, así como el análisis de las cámaras de seguridad del sanatorio.
Uno de los pasos cruciales es el envío de muestras orgánicas a la Corte Suprema de Justicia para realizar estudios toxicológicos que ayuden a determinar la causa de la muerte de Marcelo.
«Es un proceso que implica trámites internos y la disponibilidad de partidas presupuestarias, porque se trata de material orgánico y su manipulación requiere cuidados especiales», explicó Giménez.
A pesar de la complejidad, asegura que estos procedimientos administrativos no deberían tardar más de unas semanas, aunque los resultados de los análisis podrían demorar entre seis meses o un año.
El informe de la autopsia, a cargo de la doctora Rosa Sánchez, ha añadido más interrogantes que certezas. Si bien la autopsia no muestra lesiones evidentes ni signos traumáticos que sugieran mala praxis, como cortaduras en arterias o venas, también deja la puerta abierta a otras hipótesis.
“Hay que prestar especial atención a la anestesia y a la medicación administrada al paciente”, indicó el abogado.
La situación se torna aún más confusa cuando, tras salir de quirófano y ser observado por un familiar, Marcelo fue visto en malas condiciones.
A pesar de que se realizaron esfuerzos de reanimación durante aproximadamente 30 minutos, no pudo recuperarse.
«No hay ninguna mala praxis evidente en la autopsia, lo que nos lleva a indagar más a fondo», concluyó Giménez, quien enfatizó la rareza y la complejidad del caso.
Los médicos a cargo y un enfermero han sido identificados como imputados en la causa. La investigación sigue su curso mientras la familia de Marcelo se aferra a la esperanza de que la verdad emerja y se haga justicia.
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