El proyecto de divorcio simplificado, que actualmente se debate en el Congreso Nacional, suscita algunas inquietudes, especialmente entre los profesionales del ámbito jurídico. La abogada riograndense Dalila Nora expresó en ((La 97)) Radio Fueguina algunas de las principales dudas y preocupaciones que surgen en torno a esta iniciativa, que busca establecer un trámite de divorcio administrativo, eliminando la necesidad de la intervención de abogados y los largos procesos judiciales que actualmente caracterizan estos procedimientos.
El objetivo del proyecto es agilizar los trámites de divorcio, pero según Nora, este enfoque podría desatender ciertos derechos fundamentales de las partes involucradas. En su opinión, la eliminación del rol de los abogados en este tipo de procesos no solo perjudicaría su trabajo, sino que también podría comprometer la adecuada protección de los derechos de los cónyuges en aspectos como la división de bienes, las obligaciones alimentarias y las responsabilidades adquiridas durante el matrimonio.
«Hay muchas posiciones. No estamos contentos porque nuestra tarea es abogar por el otro, por nuestro cliente», afirmó la abogada, subrayando la importancia de la representación legal en estos casos.
Uno de los puntos que más controversia genera es la posible equiparación legal entre el matrimonio y las uniones convivenciales. Nora explicó que, según el proyecto, así como las personas pueden formalizar su matrimonio en el Registro Civil, también podrían acudir a esta misma institución para disolverlo. «Estaríamos poniendo al matrimonio en una situación legal igualitaria con la actual convivencia», lo que, a su juicio, podría desvalorizar la institución matrimonial. En este sentido, advirtió que el matrimonio y las uniones convivenciales no deberían recibir el mismo tratamiento legal, ya que ambos implican distintos compromisos y responsabilidades.
Además, señaló que la posibilidad de un divorcio administrativo podría simplificar en exceso un proceso que conlleva consecuencias significativas. La abogada planteó una serie de preguntas clave: «¿Qué pasa con los bienes que se adquieren dentro del matrimonio? ¿Qué pasa con las obligaciones que tienen las partes?».
La preocupación principal radica en que, si bien la separación física entre los cónyuges puede ser sencilla de resolver, los aspectos económicos y legales podrían quedar desprotegidos o postergados a trámites posteriores más complejos.
Dudas sobre su efectividad
El proyecto también busca acelerar los tiempos de resolución del divorcio, pero Nora recordó que, a pesar de la implementación del «divorcio express» en el pasado, este mecanismo no siempre resultó tan rápido como se esperaba. «No resultó ser tan express, porque las sentencias demoran, porque hay situaciones que complican el trámite», explicó.
Además, la abogada destacó que los jueces actualmente deben tomar en cuenta varios factores cuando una pareja solicita el divorcio, como la manutención, la situación de los hijos y la distribución de bienes, cuestiones que no se resuelven de manera instantánea y requieren de un análisis cuidadoso.
Otra preocupación radica en las implicaciones de un divorcio simplificado en casos donde ha habido situaciones de violencia o abuso en el ámbito familiar. Nora subrayó la importancia de no perder de vista estas cuestiones y de asegurarse de que el nuevo procedimiento contemple los derechos de las partes afectadas. «Tenemos que ver cuáles son las consecuencias que va a generar este divorcio administrativo y cuál es el origen que nos lleva a este divorcio», apuntó, aludiendo a la necesidad de un análisis más profundo del impacto que puede tener una reforma de este tipo en situaciones complejas.
En cuanto al impacto económico de esta propuesta, Nora mencionó que, si bien el proyecto podría agilizar los trámites, es fundamental no descuidar la protección de los derechos económicos de las partes. Una posible solución sería permitir que, aunque el divorcio se tramite por la vía administrativa, se puedan hacer reservas en cuanto a la protección de los bienes o el derecho a reclamar manutención.
«Hay que trabajar mucho ese proyecto para que avance», insistió.
A nivel profesional, la abogada no cree que este cambio afecte significativamente a su estudio, especializado en derecho de familia. Nora señaló que muchas parejas en Río Grande han vivido en uniones convivenciales durante años sin casarse, lo que significa que no recurren a los abogados para divorciarse. «Nosotros nos enfocamos en familia, nos especializamos en familia y no les hacemos el divorcio, porque ellos han vivido en una unión convivencial», aclaró, al referirse a la dinámica social predominante en la ciudad.
En cuanto a los honorarios que suelen cobrarse en casos de divorcio, Nora ofreció un ejemplo concreto: «Nosotros tenemos una medida, una unidad arancelaria que se llama IUS. En el último divorcio que hemos hecho, donde hubo división de la sociedad conyugal, atribución de la vivienda, cuota alimentaria, a nosotros nos regularon 49 IUS». Sin embargo, cuando el divorcio es de común acuerdo, las costas suelen ser sensiblemente más bajas, y cada parte paga a su propio abogado.
En definitiva, el proyecto de divorcio simplificado plantea una serie de desafíos que deben ser abordados cuidadosamente. Si bien la intención de agilizar los trámites es loable, es crucial garantizar que los derechos de las partes sean protegidos adecuadamente, sin dejar de lado aspectos clave como los bienes, las obligaciones alimentarias y las posibles consecuencias legales en situaciones complejas como la violencia familiar. Para la Dra. Dalila Nora, el debate en torno a esta iniciativa aún tiene mucho camino por recorrer, y se requiere un análisis más profundo para que la reforma no termine siendo perjudicial para quienes se ven inmersos en un proceso de divorcio.
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