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Apurados para separarse

El divorcio exprés despierta marcado interés en Río Grande

Cada vez más parejas consultan por el divorcio exprés en Río Grande, tras el anuncio que realizó el Gobierno Nacional.

Días atrás, el Gobierno Nacional anunció su nuevo proyecto de Ley: El divorcio exprés, el cual beneficiaría a las partes, ya que en caso de haber acuerdo no pasarían por tribunales.

Frente a esta noticia, los riograndenses recorrieron las distintas dependencias del Registro Civil de la ciudad, con el fin de averiguar si ya pueden iniciar dicho trámite. El Director Provincial de Registros Públicos, Martín Romero, aclaró en ((La 97)) Radio Fueguina que «aún no tenemos nada de información, porque es un proyecto que se tiene que aprobar».

En esta misma línea, explicó que una vez que se modifique el artículo 437 del Código Civil y Comercial, será el momento en el que los vecinos podrán dirigirse al Registro Civil con el fin de iniciar el divorcio exprés.

En el programa radial «Un Gran Día», el titular de la dependencia provincial evaluó que el proyecto del Gobierno Nacional beneficiaría a los vecinos, ya que «se ahorrarían tiempos y costos».

¿Qué es el divorcio exprés?

El proyecto impulsado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece que el trámite de divorcio podrá realizarse «en sede administrativa, exclusivamente a solicitud conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal».

Con la legislación vigente, modificada en 2015, el vínculo matrimonial se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, o un divorcio declarado judicialmente. Con esta nueva opción, se incorporará el divorcio en sede administrativa, lo que permitirá a las parejas llevar a cabo este proceso sin necesidad de acudir a la Justicia, gestionándolo directamente en el Registro Civil.

Esta medida formó parte de una ley ómnibus, pero fue excluida a pedido de la oposición. La decisión estuvo influenciada por el lobby de los colegios de abogados, que expresaron su preocupación por la reducción de litigios.

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