El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dictaminó de forma unánime que las 400 hectáreas correspondientes a las termas de río Valdez deben ser devueltas al municipio de Tolhuin, y determinó un plazo de cinco días para que los ocupantes actuales del predio lo desalojen, bajo amenaza de proceder con el uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento.
La sentencia marca el cierre definitivo de una prolongada disputa legal que había mantenido la explotación de las termas en manos de la empresa Roanmat desde la concesión original otorgada por el ex territorio nacional.
Ernesto Löffler, vicepresidente del Superior Tribunal, confirmó en ((La 97)) Radio Fueguina que la decisión judicial alcanza la categoría de cosa juzgada, es decir, que no es recurrible y no puede ser apelada.
«El desalojo se había ordenado a principios de la década de 2000», recordó el juez, añadiendo que en ese entonces la ejecución de la medida fue interrumpida debido a la presencia de elementos de la empresa que no podían ser retirados del terreno. Este hecho, según Löffler, generó una serie de complicaciones que derivaron en acuerdos posteriores, como el firmado en 2006, en el que la empresa reasumió las obligaciones que le habían sido asignadas en la concesión original, pero que nuevamente no cumplió.
El fallo judicial del Superior Tribunal en 2018 ordenaba ya el desalojo de la empresa Roanmat SRL, pero la ejecución de dicha sentencia se demoró. «Esa sentencia del año 2018 fue consentida por la empresa, no recurrió por la vía del recurso extraordinario o el recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia y no lo puede hacer hoy. Por eso hablamos de que es irrecurrible», destacó Löffler.
El magistrado detalló el contexto histórico y legal en el que se enmarcan los derechos sobre el terreno. Señaló que, en el momento en que se otorgó la concesión original, la provincia de Tierra del Fuego aún era un territorio nacional bajo la ley 17.092, la cual habilitaba un proceso de desalojo rápido cuando el Estado nacional intentaba recuperar un predio fiscal. Esta ley, que sigue vigente, ha sido utilizada por el gobierno provincial para acelerar el proceso de desalojo en este caso particular. «Cuando el Estado nacional trata de recuperar un predio fiscal que fue dado a alguien en calidad de tenedor, de concesionario, nosotros utilizamos esa herramienta ahora para lanzar rápidamente a la empresa Roanmat del predio», indicó Löffler.
El conflicto legal que enfrenta la empresa no es nuevo. A lo largo de los años, vino cuestionando la autoridad del municipio de Tolhuin para iniciar el proceso de desalojo y planteó dudas sobre la competencia del Superior Tribunal para emitir un fallo en primera instancia.
No obstante, el juez Löffler aseguró que «fuimos despejando y resolviendo uno a uno los planteos de la empresa hasta llegar a este momento». Así, la resolución judicial confirma que las termas de río Valdez se encuentran dentro del ejido urbano de Tolhuin, como quedó establecido tras varias ampliaciones de los límites municipales.
Además de los obstáculos legales presentados por Roanmat, el juez también mencionó la presión externa que recibieron varios de los jueces involucrados en el caso. «Hubo muchos operativos en contra de jueces naturales que estaban integrando el Superior, yo recuerdo operativos que le hicieron a la doctora Bataini a través de publicaciones en medios nacionales, también a mis colegas Sagastume y Muchnik», afirmó. Estos ataques mediáticos, sumados a las excusaciones de varios magistrados, retrasaron el avance del caso, que no pudo resolverse hasta lograr la conformación completa del tribunal.
Con el fallo del STJ finalmente ejecutable, el municipio de Tolhuin se prepara para recuperar las termas y definir los próximos pasos para su desarrollo. «En principio, va a ser el municipio que haga toda la proyección, el desarrollo de lo que va a querer hacer ahí», anticipó el Dr. Ernesto Löffler. Sin embargo, subrayó que la prioridad inmediata es garantizar el cumplimiento del desalojo en los tiempos establecidos. «Si no desalojan, serán lanzados por la fuerza pública», concluyó el juez, reforzando la firmeza con la que el tribunal espera resolver esta prolongada disputa.
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