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Estafas reiteradas

La condena al estafador Nieva, lejos de hacer justicia en el caso

Decenas de vecinos defraudados por un funcionario público. La falta de recuperación del dinero y el perjuicio causado a las víctimas, sigue cuestionado.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego condenó a Walter Javier Nieva a seis años de prisión, al encontrarlo culpable del delito de estafa reiterada. La sentencia, que fue dictada este jueves 3 de octubre, puso fin a un resonante caso que involucró a numerosos vecinos de Río Grande, quienes confiaron en las supuestas capacidades de Nieva para gestionar inversiones financieras. Este juicio ha sido seguido de cerca por la comunidad, en especial por las decenas de personas que resultaron damnificadas por el acusado.

El estafador serial pasará un corto tiempo a la sombra y saldrá luego, habilitado para hacer uso con total libertad del dinero apropiado a fuerza de engaños, sin que el corto brazo corto de la justicia pueda impedirlo.

Nieva, al ser llamado a declarar antes de conocerse el fallo, optó por no hacer uso de su derecho a las últimas palabras. Tras la lectura del veredicto a cargo del juez Juan José Varela, fue esposado y retirado del recinto. En ese momento, una de las víctimas presentes en la sala gritó desesperada, exigiendo la devolución del dinero perdido en las operaciones fraudulentas.

Ese grito representa a los 74 que denunciaron y un sinnúmero de otros que prefifirieron no exponerse por la vergüenza o por la poca confianza en quienes debieran impartir justicia.

Podrán decir ahora que nada esperaban de los funcionarios judiciales y sin embargo volvieron a defraudarlos.

La resolución del tribunal, firmada por los jueces Pedro Ángel Fernández, Eduardo López y Juan José Varela, expresó concretamente: «Condenar a Walter Javier Nieva a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estafa cometido en reiteradas oportunidades en perjuicios de ciudadanos de la ciudad de Río Grande».

El fallo también estableció que se informará a las víctimas sobre los beneficios a los que Nieva podría acceder durante el cumplimiento de su condena, como parte de las obligaciones impuestas al tribunal en estos casos.

Además, se ordenó la devolución de los bienes secuestrados al reo y se oficiará a Policía provincial y los colegios públicos de abogados y escribanos de Río Grande y Ushuaia, para que tomen las medidas que consideren pertinentes a partir de esta sentencia.

Conformidad de la Fiscalía

El proceso judicial que culminó en esta condena fue considerado un éxito por el Fiscal Mayor de la provincia, Pablo Martín Bramati. Al finalizar el juicio, expresó su satisfacción con el resultado: «Estamos muy conformes. Hubo un trabajo coordinado con el Juzgado de Instrucción en primer término y ahora, a través del juicio, pudimos conseguir la pena que nosotros habíamos propuesto y que para nosotros es razonable en función de la cantidad de hechos, el perjuicio ocasionado y la evaluación que hicimos de la prueba que teníamos por cada uno de los hechos».

Bramati también explicó los motivos por los cuales la pena alcanzó los seis años de prisión y no fue más elevada, como podría haber sido solicitado por la querella: «Utilicé un criterio de aspersión, es el criterio que se utiliza en función de la cantidad de hechos y de la pena que le corresponde al delito… también en función de los montos y los perjuicios ocasionados, la extensión del daño causado y la afectación a las víctimas».

En relación con los activos de Nieva, Bramati reconoció que fue imposible recuperar el dinero estafado. «Dije ‘la plata no está’ porque el mismo Nieva negó tener bienes a su nombre, hicimos el rastreo, pedimos informes al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de la Propiedad Automotor, no tiene bienes a su nombre». Añadió que los ingresos que Nieva poseía provenían de su sueldo como policía, pero que estos eran insuficientes para cubrir las pérdidas ocasionadas a las víctimas. Este aspecto fue especialmente frustrante para muchos de los damnificados, que confiaban en poder recuperar parte de sus inversiones.

El fiscal también destacó la particularidad del modus operandi utilizado por Nieva para perpetrar las estafas. «El tipo de estafa es un tipo muy particular, requiere la construcción a partir de maniobras engañosas. Esa construcción requiere que el engaño integre el tipo penal», señaló, aclarando que los atributos personales de Nieva, como su calidad de abogado y su posición en la policía, fueron determinantes para que las víctimas creyeran en la legitimidad de las inversiones.

El caso no estuvo exento de dificultades en cuanto a la obtención de pruebas. Según Bramati, muchos de los afectados no tenían documentación formal de las inversiones que realizaron con Nieva, lo que complicó el proceso de cuantificación del daño: «El método que siguieron los damnificados fue bastante acotado… lo único que había era un WhatsApp donde preguntaban cuánto tenían que invertir y cuánto le iban a devolver y se hacía la transferencia».

Pese a las dificultades, la colaboración del propio Nieva durante el proceso judicial ayudó a esclarecer los hechos, ya que reconoció varias de las operaciones fraudulentas que se le imputaban. «Eso es lo que nos contentó de manera, porque teníamos muchas dificultades para probar muchos hechos y con esa colaboración del imputado logramos probar todos los hechos, que es lo que perseguíamos, para que todas las personas damnificadas tengan una respuesta judicial», manifestó el fiscal.

El juicio a Walter Nieva, cuya sentencia completa será leída el 18 de octubre, marcó el cierre de un capítulo duro para decenas de ciudadanos que fueron víctimas de sus estafas. Aunque la condena a seis años de prisión representa un avance en la búsqueda de justicia, la falta de recuperación de los fondos sustraídos sigue siendo una preocupación central para los afectados.

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