El conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas continúa escalando, centrado en la recomposición salarial solicitada por el sector aeronáutico, particularmente por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La gota que colmó el vaso es el decreto presidencial que declara la esencialidad del servicio aeronáutico, medida fuertemente criticada por los gremios, quienes consideran que vulnera derechos fundamentales como el derecho a huelga. Juan Pablo Mazieri, vocero de APLA, explicó que el gremio acudirá a la Justicia para frenar esta disposición del Gobierno, a la que califican de ilegal y provocadora.
Según Mazieri sostuvo en ((La 97)) Radio Fueguina, la principal causa del conflicto es la falta de actualización salarial frente a la inflación, que alcanzó un 190% en el último periodo paritario, mientras que los aumentos salariales concedidos no superaron el 75%. «El conflicto tiene una única base, que es la recomposición salarial que ha sido degradada por la inflación en el periodo paritario. El periodo paritario para los aeronáuticos de Argentina va de octubre a septiembre del año siguiente, con lo cual ya estamos prácticamente en el cierre del período, que la inflación ha sido de 190% y la recomposición salarial que hemos tenido no ha llegado al 75% aproximadamente», señaló el vocero de APLA.
Las tensiones se intensificaron cuando, tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, los gremios reanudaron las medidas de acción directa, que incluyeron asambleas y paros. Mazieri destacó que, aunque acataron la conciliación, la Secretaría no convocó a las partes para negociar ni actuó como intermediaria para resolver el conflicto. «Fuimos conciliados por la Secretaría de Trabajo, obviamente acatamos la conciliación obligatoria. La Secretaría no nos convocó en ningún momento a negociar para oficiar de árbitro para poder destrabar el conflicto, venció el plazo de conciliación obligatoria e iniciamos las medidas de acción directa, que son las asambleas y los paros», afirmó.
El punto de mayor fricción surgió en torno a la intención del Gobierno de declarar la esencialidad del transporte aéreo, medida ilegal ya que vulnera derechos laborales reconocidos tanto en el ámbito local como internacional. «El gobierno emite un decreto, el 7023, en el cual modifica la Ley laboral donde están contemplados cuáles pueden ser determinados servicios esenciales. La Justicia falla en suspender el decreto que modificaba esa Ley laboral, con lo cual la modificación no está vigente en estos momentos. Entonces lo que hace el gobierno ahora, como no puede entrar por la parte laboral, ha decidido dictaminar dentro de la Ley del Código Aeronáutico y lo pone dentro del Código Aeronáutico como que el transporte aéreo es un servicio esencial. Con lo cual está vulnerando el derecho laboral».
Los sindicatos aeronáuticos consideran que esta acción del Gobierno es un intento por limitar el derecho a huelga y denuncian que hay una falta de voluntad para resolver el conflicto mediante el diálogo. «El gobierno, lejos de intentar buscar una solución, hablar con los sindicatos, que tenga cierto nivel de cordura, decide profundizar el conflicto intentando mitigar o coartar el derecho a la huelga que tienen los trabajadores y dispone la esencialidad del transporte aéreo», subrayó Mazieri.
El vocero de APLA también abordó el impacto de la medida en lugares estratégicos como la Patagonia, donde Aerolíneas Argentinas es la única empresa que opera rutas que las aerolíneas privadas no consideran rentables. «Respecto a la dependencia que hay en la isla de Tierra de Fuego con Aerolíneas Argentinas, que la ruta Río Grande está también otorgada a JetSmart y FlyBondi por el Estado argentino, pero no la vuelan porque consideran que es una ruta no rentable, por eso va Aerolíneas Argentinas», explicó.
La situación del transporte aéreo en estas regiones refuerza, según los gremios, la importancia de que Aerolíneas Argentinas mantenga su rol estratégico, frente a una anunciada «revolución de los aviones» que solo favorece a empresas privadas que no cubren rutas de menor rentabilidad.
Mazieri mencionó que el conflicto actual no tiene un trasfondo político y que se centra exclusivamente en la cuestión salarial, aunque reconoció que las autoridades han contribuido a agravar la situación con declaraciones que buscan desacreditar a los sindicatos. «Acá nosotros no tenemos un posicionamiento político respecto a este conflicto. El conflicto tiene únicamente una base de recomposición salarial. Y por el otro lado hemos tenido una virulencia absoluta por parte de las autoridades de la empresa y del gobierno, que han salido a desprestigiar a la conducción sindical, a decir que cobramos salarios que no llegan ni a la mitad de lo que manifiestan, hablar de privilegios».
En cuanto al aspecto salarial, eje de la disputa con el gobierno, con respecto a otros países y aerolíneas, Mazieri detalló que los pilotos de Aerolíneas Argentinas están percibiendo ingresos muy por debajo de los estándares internacionales y locales: «A nivel internacional estamos cobrando seis veces menos de lo que está la industria local argentina y estamos entre 40% y 50% por debajo de lo que están cobrando las empresas que hoy están operando en Argentina». Concretamente informó que un copiloto de Boeing 737 o Embraer 190, ingresante a la empresa, está en $1.800.000. Mientras que un comandante de Airbus 330, “un avión de 270 pasajeros, que opera en todo el mundo, con niveles de capacitación de excelencia y constante, chequeos constantes y una serie de cuestiones a tener en cuenta” está cobrando $4.500.000.
El conflicto entre los gremios aeronáuticos y el gobierno argentino sigue sin resolverse, y ambas partes parecen estar lejos de alcanzar un acuerdo que satisfaga las demandas salariales de los trabajadores y las expectativas del gobierno en cuanto a la operación del servicio aéreo.
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