En respuesta a las demandas presentadas contra el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego, el gobierno provincial manifestó su confianza en que la Justicia dictará un fallo favorable que permita continuar con la reforma. José Capdevila, secretario Legal y Técnico de la provincia, fue el encargado de detallar, por ((La 97)) Radio Fueguina, la respuesta del Ejecutivo, que fue entregada al Superior Tribunal de Justicia para su análisis.
Las demandas, presentadas por el legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi, cuestionan diversos aspectos del proceso de reforma constitucional. Ante estas presentaciones, Capdevila explicó que las dos causas fueron unificadas y que el Gobierno respondió con un extenso escrito. «Es una contestación muy extensa y autosuficiente, que va a permitir a los jueces del Superior Tribunal analizar todas las cuestiones que habían sido objetadas bastante livianamente por los demandantes», señaló el funcionario.
La estrategia del Gobierno se apoya en la convicción de que la misión del STJ ante las demandas contra el proceso de reforma es una cuestión de «puro derecho», lo que implica que no se requieren pruebas adicionales, sino un análisis de la documentación presentada. «Se trata de una cuestión que no requiere ni prueba ni nada, se hace un análisis de la documentación y los elementos aportados por el gobierno provincial para poder avanzar con el proceso de reforma constitucional y darle a los fueguinos una Constitución más moderna», subrayó Capdevila.
El escrito presentado por el Gobierno tiene más de 100 páginas y, según el secretario Legal y Técnico, contiene todos los elementos necesarios para un análisis profundo por parte de los jueces del Superior Tribunal. «No es que va a salir esto en 48 horas, se tomarán su tiempo», indicó, y agregó que la prioridad no es la rapidez de la resolución, sino el contenido de la misma. La expectativa del Gobierno es que, una vez dictada la sentencia que esperan sea a su favor, se caiga la medida cautelar que actualmente detiene el avance del proceso reformista.
Capdevila también cuestionó la judicialización del proceso, argumentando que se trata de una cuestión política que no debería haber llegado a los tribunales. «El proceso nunca debería haberse judicializado, es una cuestión meramente política», afirmó, criticando a los demandantes por su intento de frenar el proceso a través de la Justicia. «Hay gente acostumbrada a hacer las cosas como quieren, medio caprichosamente y no les importa el pueblo que había decidido, por una amplia mayoría de dos tercios de la Legislatura, hacer la reforma constitucional (…) Hay gente que es media caprichosa, acostumbrada a tener estas cuestiones medias de patrón de estancia, o patrón del puerto”, tiró por elevación.
El funcionario aseguró que el Gobierno provincial está confiado en que el análisis judicial validará el proceso llevado adelante hasta el momento. «La realidad es que estamos confiados que, con todos los elementos aportados, el Superior va a poder hacer el análisis y de esa manera demostrar que esto estaba bien y que se puede avanzar con el proceso», explicó. Además, señaló que todos los puntos cuestionados por los demandantes han sido respondidos y que el escrito presentado por el gobierno incluye los elementos necesarios para un análisis exhaustivo.
En cuanto a los plazos, Capdevila aclaró que, si bien el proceso tiene tiempos estipulados, dependerá de la respuesta judicial y del cronograma electoral. «Va a depender de los tiempos de la respuesta y del cronograma electoral que se tiene que cumplir después», expresó, advirtiendo que podría ser necesario ajustar las fechas en función de la sentencia del Superior Tribunal.
A pesar de los obstáculos legales, el Dr. José Capdevila insistió en que el gobierno tiene la voluntad política de llevar adelante el proceso de reforma constitucional. «Cuando hay una voluntad política de llevar adelante un proceso tan importante como es una reforma constitucional, haremos todos los esfuerzos para que dentro de los plazos posibles sea viable, así que vamos a tener que trabajar sábados y domingos», concluyó.
De esta manera, el gobierno de Tierra del Fuego espera que la resolución judicial permita retomar el proceso de reforma y otorgar a la provincia una Constitución «más moderna», confiando en que los argumentos presentados serán suficientes para superar las objeciones planteadas.
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