El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su profunda preocupación por la reciente modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, una medida adoptada por el presidente Javier Milei que, según analizan, implica un serio retroceso en la transparencia gubernamental y, por ende, en la calidad democrática del país.
La presidenta de FOPEA, Paula Moreno, expresó por ((La 97)) Radio Fueguina una postura crítica ante la decisión del Ejecutivo, subrayando las implicancias que esta medida podría tener sobre el derecho ciudadano al acceso a la información.
Moreno destacó que «sorprende, sí sorprende, porque es una medida grave la tomada, porque además configura prácticamente un retroceso en la libertad de acceso a la información pública, pero además a la calidad democrática». Su declaración refleja la inquietud de FOPEA sobre los efectos de la nueva reglamentación, que limita el acceso a información privada de los funcionarios públicos. Según Moreno, esta restricción no solo afecta a los periodistas, sino que atenta contra un derecho fundamental de todos los ciudadanos.
La nueva reglamentación excluye de la categoría de información pública aquellos datos considerados de «naturaleza privada», lo que para FOPEA abre un debate sobre qué puede ser clasificado bajo esa etiqueta. Moreno se preguntó si situaciones como las que ocurren en la Quinta de Olivos, una residencia oficial del presidente, podrían ahora ser consideradas privadas. «Lo que se invierte, lo que no se invierte, la gente que entra», señaló Moreno, quien utilizó como ejemplo la conocida «fiesta de Olivos», un evento que salió a la luz gracias al acceso a registros públicos, y cuestionó si con la nueva reglamentación este tipo de información podría ser restringida.
FOPEA sostiene que la información pública es un derecho ciudadano, y que limitar su acceso debilita la capacidad de la sociedad para fiscalizar a quienes están al frente de la administración pública. «Es un derecho de los habitantes, de la ciudadanía, de manera tal que lo que se está haciendo no es atacar un derecho de los periodistas, sino de toda la ciudadanía», enfatizó Moreno. Además, subrayó la importancia de esta ley para el trabajo periodístico, que a menudo se basa en información obtenida a través de solicitudes formales amparadas por la Ley de Acceso a la Información Pública.
La presidenta de FOPEA también recordó que muchas investigaciones periodísticas de relevancia han sido posibles gracias a la ley ahora modificada, destacando la agilidad del esquema que permite a los periodistas solicitar información sobre temas vinculados con el Estado y, en algunos casos, con entidades privadas que mantienen vínculos contractuales con el sector público: “Buena parte de todas las investigaciones que están en danza y todas las que hemos conocido a lo largo de la historia, sobre todo la historia reciente, están en buena medida logradas a partir de la información que se logró por esta Ley de Acceso a la Información Pública, que permite que en este caso los periodistas con un esquema ágil, que no es un tema menor, pueden pedir información sobre cuestiones del Estado. E inclusive sobre otros espacios que uno puede imaginar que están ligados con lo privado pero que en verdad, al tener vínculo con el Estado, por ejemplo empresas concesionadas por el Estado, en la porción que le toca a la administración ligada con el Estado, también están obligados a informar”.
El tema de fondo, según FOPEA, radica en que la nueva reglamentación establece límites al alcance de la definición de lo que constituye información pública. Moreno cuestionó el concepto de «naturaleza privada» en un contexto donde la transparencia debe prevalecer, especialmente cuando se trata de asuntos que involucran a funcionarios que han elegido ocupar cargos públicos: “El espacio es público, el funcionario es público 24/7, todo lo que haga un presidente de la Nación tiene rebote institucional cada minuto, no hay momentos en los que no esté todo lo que hace y dice lo hace en calidad de presidente, no lo hace en calidad del hijo de, el esposo, lo hace en calidad de presidente, así se lee. Tiene representación institucional, no es un ciudadano común. Lo mismo los funcionarios. Y es un lugar en el que eligieron estar, no es una imposición, ellos decidieron postularse o fueron elegidos en el cargo, con la repercusión, las oportunidades y las obligaciones que ese cargo detenta”.
Ante esta situación, FOPEA ha decidido tomar acciones concretas para rechazar la medida. Según Moreno, la organización estará presente en la Comisión de Libertad de Expresión para discutir el tema y buscar apoyo en la Cámara de Diputados. «El tema está vigente, la realidad es esa, la reglamentación tiene legitimidad del Ejecutivo para realizarla», reconoció Moreno, pero agregó que «hay un movimiento de diferentes organizaciones, desde diferentes lugares, que nos hemos expresado solicitando que se revea este decreto, lo rechazamos».
Finalmente, Moreno expresó su esperanza de que la Agencia de Acceso a la Información Pública se pronuncie en contra de la nueva reglamentación, ya que esta entidad es la encargada de implementar la ley en cuestión. Para FOPEA, es fundamental que el derecho al acceso a la información sea preservado como un pilar de la democracia y la transparencia en Argentina.
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