La reciente declaración de inconstitucionalidad de dos ordenanzas municipales que prohibían la operación de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify en Ushuaia ha desencadenado una ola de reacciones y debates en la comunidad de la capital fueguina.
El fallo, emitido por la Jueza Correccional Felicitas Maiztegui Marcó, es celebrado por algunos como un avance en la protección de derechos fundamentales, mientras que otros, como el municipio local y sectores del transporte tradicional, lo ven como una amenaza a la regulación y seguridad en la ciudad.
La postura del municipio de Ushuaia ha sido clara desde el principio. César Molina, secretario de Gobierno, manifestó que el municipio apelará la decisión judicial, subrayando que el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica está evaluando minuciosamente los aspectos técnicos y legales del fallo. Según Molina, «el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica está evaluando las cuestiones técnicas y los pormenores de la decisión para ver justamente cuál es el alcance y cómo va a ser la correspondiente apelación». El municipio considera que la normativa vigente debe ser respetada y que su rol en la regulación del transporte es esencial para mantener el orden y la seguridad en la ciudad.
El fallo en cuestión preocupó a los representantes de taxis y remises en Ushuaia, quienes consideran que la operación de estas plataformas digitales podría poner en peligro sus fuentes de trabajo y deteriorar la calidad del servicio de transporte en la ciudad. Fabián Lara, presidente de la Asociación de Taxis de Ushuaia, expresó su inquietud, señalando que «cualquiera que tenga un auto, vaya a saber en qué condiciones, empiece a trasladar personas». Lara también destacó el apoyo unánime del sector del transporte a la apelación que encabezará el municipio, afirmando que «la apelación va a surgir a través del Ejecutivo Municipal con el apoyo de todo el transporte provincial».
Argumentos a favor
Por otro lado, la Jueza Maiztegui Marcó defendió su fallo, argumentando que las ordenanzas impugnadas contravienen derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, el ejercicio de una industria lícita y el derecho del consumidor a elegir su medio de transporte. En declaraciones a FM Master’s, la magistrada explicó que «no encontré fundamentos para prohibirla», refiriéndose a la prohibición de las plataformas de transporte. Además, sugirió que, en lugar de una prohibición total, las autoridades municipales deberían fomentar el diálogo para encontrar una regulación adecuada.
La concejal del PRO, Belén Monte de Oca, elogió el fallo, destacando que la prohibición impuesta por el Concejo Deliberante excedía sus competencias al intentar regular una actividad ya contemplada en el Código Civil y Comercial. Monte de Oca consideró que «es una actividad que está regulada en el Código Civil y Comercial, por ende, no se puede prohibir a través de ordenanzas del Concejo Deliberante». Además, la edil subrayó que el fallo se fundamenta en el sentido común, algo que considera crucial para abordar las necesidades y realidades de los ciudadanos.
Fe en la apelación
Mientras tanto, la Asociación de Taxis de Ushuaia, junto con otros sectores del transporte, está movilizándose para apoyar la apelación del municipio. Lara mencionó que se están llevando a cabo reuniones para coordinar las acciones a seguir y aseguró que el sector está unido en su rechazo al fallo. «Remiseros, taxistas, también Río Grande, también las combis o los transportes especiales… quedamos de acuerdo en cuáles van a ser las medidas a seguir», afirmó Fabián Lara.
La decisión de la Jueza Maiztegui Marcó puso en evidencia la tensión existente entre la necesidad de regular nuevas formas de transporte y la protección de los derechos laborales y la seguridad pública. Aunque el fallo fue recibido con satisfacción por quienes apoyan la expansión de plataformas como Uber y Cabify, la apelación del municipio promete prolongar un debate que no solo se limita a Ushuaia, sino que tiene implicaciones para la regulación del transporte en todo el país.
Comentarios