La Federación Argentina de Municipios es el organismo que nuclea y representa a todos los municipios del país ante autoridades nacionales, provinciales y organismos internacionales. Entre sus objetivos de gestión, se destaca la defensa de la autonomía municipal y el fortalecimiento de las gestiones.
Al respecto, Martín Perez afirmó que en virtud del contexto que vivimos “los municipios estamos llamados a ser protagonistas en la defensa de la Causa Malvinas y la construcción de soberanía nacional”.
Sostuvo que “la lógica de desmalivinización, descapitalización del Estado y extranjerización de recursos estratégicos va a contramano de los intereses de las y los argentinos” y en este sentido remarcó que “desde los municipios asumimos la responsabilidad de defender los intereses de nuestras comunidades y sumar fuerzas en torno a una agenda en defensa de la Soberanía Nacional”.
Respecto al lugar que tiene la Secretaría de Malvinas y Soberanía Nacional destacó que “es el instrumento que los intendentes del país hemos creado para fortalecer la Causa Malvinas como política de Estado, bandera de unidad de nuestras ciudades y agenda estratégica de la Nación”.
Por último, enfatizó que “la soberanía es un concepto integral” y por eso “trabajaremos para resguardar los intereses nacionales en lo referido a nuestros recursos naturales, el desarrollo tecnológico y la defensa de los territorios estratégicos de nuestra Argentina Bicontinental”, subrayó.
Tras el nombramiento de las nuevas autoridades, la Secretaria de Malvinas y Soberanía Nacional de la FAM emitió un comunicado en el cual se rechaza de manera categórica las acciones unilaterales del Reino Unido de Gran Bretaña en lo relativo a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, proyecto que contempla la extracción de 500 millones de barriles de petróleo a 200 km al norte del archipiélago violando las resoluciones de la ONU y la legislación argentina vigente sobre dicho territorio.
Asimismo, por medio de dicho escrito, instan al Gobierno Nacional a que, a través de la Cancillería, condene de manera formal y urgente ante la comunidad internacional este proceder, como así también inicie las gestiones diplomáticas correspondientes para que se detengan estas acciones que atentan contra los derechos soberanos e intereses económicos de nuestro país.
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