Se llevó adelante la reunión de comisión de seguridad en la Legislatura de la provincia donde se analizó propuestas para fortalecer el servicio penitenciario provincial. Por un lado, hay proyecto del Legislador Villegas del año 2023 que solicitaba declarar la emergencia en el servicio penitenciario.
Al respecto habló con el equipo de ((La 97)) Radio Fueguina el viceministro de coordinación de gabinete, Jorge Canals, quien señaló: “Hay una situación compleja, en Tierra del Fuego solo tenemos una unidad carcelaria, en Río Grande, y una alcaidía en la ciudad de Ushuaia”.
(Audio: Jorge Canals en ((La 97)) Radio Fueguina)
“Después solo tenemos paliativos que se han dado en sectores y lugares, como anexos. En ese sentido, no ha habido una construcción de una cárcel. De hecho, hace dos años atrás el Gobierno de la provincia había conseguido recursos para una Unidad Carcelaria en Ushuaia, pero por distintas circunstancias quedó truncó”, lamentó.
Canals reconoció que el sentido común de los vecinos de la provincia pone trabas a la construcción de otra unidad penitenciaria, “nadie quiere una cárcel en el patio de la casa”, manifestó. Lo que suma a poner a la seguridad en esta situación delicada.
“El proyecto presentado en el debate de la comisión tiene que ver con un proyecto del Legislador Villegas, que vemos con buenos ojos, por lo que queremos pulir con algunas cuestiones puntuales”, aseguró el viceministro de gabinete.
En este sentido, Canals fue consultado por la construcción que se iba a llevar adelante en Tolhuin de una Unidad de Detención, que fue rechazada por los vecinos, y qué medida se puede tomar ante los recortes de fondos del Gobierno nacional:
“Nosotros venimos trabajando en un esquema de contingencia con el Poder Judicial, a partir de la presentación de un habeas corpus, y ahora con la comisión de seguridad en diferentes alternativas”, dijo Canals y anunció que en las próximas semanas estará a disposición el anexo 4 de Ushuaia que permitiría descomprimir 30 espacios de reclusos.
Asimismo, en Río Grande “detrás del anexo 1 estaremos adecuando los espacios para conformar otro anexo que permitiría descomprimir 70 lugares más”, agregó.
Sin embargo, esta no es la solución, “porque en un año calendario estaríamos con el mismo inconveniente, ya que tenemos una proyección de que habrá un incremento del 30% en las unidades carcelarias atendiendo a los juicios que se llevan adelante en Río Grande y Ushuaia”, apuntó Canals. Dichos juicios son contra la integridad sexual y pueden significar cargas de pena de 15 años.
Según el viceministro, se debe plantear una solución a mediano y largo plazo, y destacó el proyecto de la Legislatura: “Es una posibilidad de implementar la figura público-privada, donde haya privados que tengan la intención de invertir en la construcción o ampliación de la Unidad Carcelaria, donde se pueda permitir tener un paraguas o visualizar una proyección a 20 o 30 años”.
“Es fundamental tener la herramienta”, puntualizó Canals, “para poder salir y ver qué privados están dispuestos a invertir y cuál va a ser la manera de monetizar que le permita al privado recuperar esa inversión con un margen de ganancias”.
Según Canals, construir una Unidad Carcelaria está entre los 1800 dólares el metro cuadrado. “El Estado no puede afrontar hoy, con la situación de crisis que estamos viviendo, este gasto. Entiendo que deben haber privados que puedan llevar adelante esta iniciativa”, insistió.
“Lo que se está analizando es un esquema público-privado, donde el privado pueda construir esa unidad carcelaria y pueda recuperar esa inversión”, cerró.
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