Publicado enNoticias
Defensa del Consumidor

Un vecino de Río Grande logró que se apliquen sanciones a Aerolíneas Argentinas

Se trata de un caso ocurrido en el año 2017, cuando la empresa no notificó de la reprogramación de un vuelo cancelado.

Publicado el

En 2017, un pasajero de Río Grande se vio impedido de volar a Buenos Aires debido a un paro del personal aeronáutico de Aerolíneas Argentinas.

Al respecto habló con ((La 97)) Radio Fueguina Matías Gamboa, director provincial de Defensa del Consumidor, quien explicó cómo se gestionó y resolvió este caso, que culminó en una sanción para la aerolínea.

En primer lugar, Gamboa explicó cómo funciona la denuncia: «Primero es un formulario de denuncia, se analiza la admisibilidad de la denuncia, tanto hechos como pruebas«, señaló. La oficina de Defensa del Consumidor no toma todos los reclamos, limitándose a cuestiones publicitarias y formales. “Tampoco tomamos reclamos de comercios informales, ya que la mayoría no están inscriptos así que al no tener facturas no acredita la relación de consumo”.

Al recibir una denuncia, se requiere información del comercio involucrado. «Siempre que llega una denuncia hacemos un requerimiento de información, generalmente un 50% de los comercios hacen una propuesta«, explicó.

El caso específico del pasajero

En este caso particular, un pasajero y su esposa no pudieron volar a Buenos Aires debido a un paro no notificado adecuadamente por Aerolíneas Argentinas.

«Con este paro no le dijeron cuándo iban a cambiar la fecha, entonces se fue por tierra, cuando andaba por Buenos Aires le reclama esto a Aerolíneas y ahí se lo deciden devolver. Porque en su momento se lo terminó imputando y sancionando con un apercibimiento y un daño a favor del consumidor«, relató Gamboa, subrayando que la aerolínea no se comunicó para informar la cancelación ni ofreció alternativas.

El procedimiento no fue sencillo ni rápido. «La situación aún no está firme, pasó por todos los procedimientos, audiencias, no llegaron a un arreglo, se imputó y se presentó un descargo«, explicó Gamboa. «En este caso la abogada que hizo el dictamen consideró que había incumplimientos del derecho a la información y un trato indigno”.

La empresa fue notificada y tiene un plazo de cinco días para apelar, proceso que ya está en curso. «En este caso podemos dar daños punitivos, estamos atados a las canastas básicas, de 1 a 7. Según el IPIEC, una canasta básica tipo 3 está en $608 mil pesos, podemos ofrecer una indemnización de $600 a $4 millones«, afirmó Gamboa. Los consumidores pueden reclamar judicialmente sin que se considere una duplicación del proceso, ya que cualquier compensación administrativa se descuenta de la judicial.

Gamboa enfatizó la importancia de los plazos y procedimientos. «No corta la prescripción y tienen siempre un lapso de 3 años para hacer esos reclamos”.

Además, menciona las distintas vías para realizar consultas y recibir asesoramiento: “Tenemos la atención personalizada, también se puede hacer por mail o en Alberdi 883 donde se hacen las consultas y pueden asesorarse”.

Más noticias:

Comentarios