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Negociaciones

Emisarios del Gobierno debatieron sobre la ley Bases con jefes de bloque del Senado

El encuentro fue encabezado por la vicepresidente Victoria Villarruel, el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos.

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Con la intención de allanar el debate de la ley de Bases, la vicepresidente Victoria Villarruel, el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos se reunieron con jefes de bloque del Senado presentando los detalles de las nuevas iniciativas que ingresarán primero en la Cámara de Diputados, con la ausencia previsible del titular de la bancada de Unión por la patria.

Del encuentro realizado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, y los legisladores y presidentes de bloque, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Luis Juez (Frente Pro), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Eduardo Vischi (UCR).

Luego de girar ayer el proyecto de ley de Bases y el nuevo proyecto fiscal a los legisladores y gobernadores, el Gobierno se adelanta al debate en el Senado y busca allanar lo que será el debate en la Cámara alta.

También, formaron parte de la reunión el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

La segunda versión de la ley ómnibus fue recibida por los legisladores de los bloques dialoguistas, con quienes el oficialismo busca acordar antes de llegar a las instancia de debate oficial.

El texto, que finalmente cuenta con 279 artículos, es mucho más técnico que el primero y será presentado en la comisión de Diputados como el nuevo dictamen de Ley de Bases original, que todavía tiene estado parlamentario.

En Casa Rosada trabajaron en su redacción con intensidad durante todo el martes y cerca de las 21.30 se conoció la versión que será debatida en el Parlamento.

En el primer artículo, el proyecto declara la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año».

«Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente. El Poder Ejecutivo nacional informará mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos», indica el texto.

Este punto es uno de los principales cambios en relación a la Ley de Bases original, ya que se redujeron las emergencias y tampoco hay posibilidad de prórrogas.

Esta segunda versión también faculta al Poder Ejecutivo «a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación».

Para continuar con el plan de recortes, el proyecto encomienda al PEN «a llevar adelante las privatizaciones» de las empresas públicas y también habla de la disminución de la planta de empleados públicos.

«El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses», señala el texto.

La reforma Laboral que plantea la ley es menos ambiciosa que la anterior, incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores.

A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.

Otro de los puntos de la ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y permite que sea invertido «de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425».

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