RIO GRANDE – En el marco de la Sesión Especial realizada ayer, los Concejales abordaron la nueva controversia en torno a la coparticipación municipal que en los últimos días volvió a tomar relevancia a partir del pedido formulado por el Fiscal de Estado para que la Justicia se expida al respecto.
En el recinto de sesiones el presidente a cargo, Alfredo Guillén, se apartó del reglamento y dio el uso de la palabra al secretario de Gobierno, Paulino Rossi, para que manifieste la posición del Municipio y además relate las gestiones que se están llevando adelante sobre el tema en particular.
Rossi explicó que la dilución “se ha vuelto técnico jurídica”, tras lo cual agradeció “las expresiones públicas de apoyo” expresadas por los Concejales de los diferentes bloques políticos y “nos hemos dado cuenta de que esta es una cuestión de Estado”.
Además advirtió que “si esto prospera significaría el cierre definitivo de las comunas porque el carácter retroactivo sería inviable e ilógico”, pero “tenemos la tranquilidad que desde el punto de vista jurídico no vemos la posibilidad de que esto prospere” aunque “no nos vamos a relajar por eso, sino todo lo contrario”, por lo que “vamos a continuar manteniendo reuniones de trabajo con el Municipio de Ushuaia para abordar los aspectos técnico y jurídicos” para lo cual “queremos invitar a los Concejos Deliberantes para que haga su aporte con su cuerpo de asesores y su cuerpo de abogados” para de esta manera “contar con un mayor respaldo técnico, jurídico y político”.
La postura de los ediles
El presidente a cargo, Alfredo Guillén, en representación del cuerpo anunció la elaboración de “un documento para defender los recursos de Río Grande, de hecho hemos sostenido nuestra posición pública en cuanto a reclamar una deuda de vieja data que el Gobierno de la provincia mantiene con el Municipio”.
Mientras tanto el concejal Héctor ‘Moncho’ Garay ratificó los dichos de Guillén y del secretario de Gobierno porque “vamos a acompañar y a celebrar un plenario de Concejales para poder anexar la opinión del Cuerpo y acompañar al Ejecutivo no solo desde lo técnico sino también desde lo político” y se esperanzó con la posibilidad de que “esto no prospere” aunque “debemos acompañar la postura del Ejecutivo y continuar manteniendo el contacto institucional para saber cuál es el camino que se está siguiendo”.
Mientras tanto el concejal Esteban ‘Chiquito’ Martínez manifestó que “esta situación va en contra del sentido común” entendiendo que “no se comprende que un tercer poder (el Judicial) tenga que definir quién es el que tiene la razón cuando la política no se maneja de esa manera”.
Además remarcó que “hay derechos adquiridos, independencia en las administraciones y Presupuestos independientes que no pueden ser mezclados”.
Pero además advirtió que en su calidad de Concejales “somos representantes del pueblo de Río Grande y como ciudadanos debemos defender estos derechos y la posibilidad de desarrollarse de nuestra ciudad” por lo tanto consideró que “esto no merece ningún tipo de discusión y tampoco se puede plantear una inseguridad”, sin embargo “fortificar la opinión pública va a permitir que esto sea desarticulado y pase a ser un mero hecho de carácter inviable”.
Pero además, Chiquito Martínez remarcó “la actitud del Fiscal de Estado” y se preguntó “si no merece una sanción o un Juicio Político porque está siguiendo una orden para judicializar este tema que no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer el Fiscal de Estado que no está para cumplir las órdenes de la Gobernadora sino para hacer lo que corresponde a su función”.
Por su parte la concejal Laura Colazo anunció que desde el bloque del Partido Popular, “vamos a acompañar y defender la autonomía municipal que en nuestra provincia está consagrada desde el año ´94 y en Tierra del Fuego está reconocida en todo sentido y en este sentido vamos a acompañar al Municipio de Río Grande”.
Pero además consideró que se trata de “una cuestión política” entendiendo que “la política y la Justicia no van de la mano y en este caso en especial la facultad la tiene la Legislatura y no un Fiscal de Estado”.
Pero además reclamó “prudencia y responsabilidad con la función que cada uno tiene” entendiendo que “como Concejales nuestra función es defender la autonomía, el Fiscal de Estado debe velar por la legalidad de los actos y la oportunidad es una cuestión política y como es una cuestión política no la puede definir el Superior Tribunal sino que tiene que surgir de un debate público”.
Finalmente, el concejal Mauricio Oyarzo manifestó “el acompañamiento del Bloque del MPF a la posición y defensa de los recursos de Río Grande”, pero además remarcó que “estas cuestiones las debemos resolver los políticos” y reclamó que “se busque una solución definitiva, que se definan los roles y asumir una madurez política para evitar que este tema se vuelva a discutir periódicamente” tras lo cual reiteró la predisposición “de todos para sentarnos y discutir lo que queremos para la provincia y los Municipios”.