La reciente presentación de un recurso de queja por parte del partido Republicanos Unidos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en referencia a la anulación de 2.300 votos de esa agrupación en las últimas elecciones, pone un verdadero manto de dudas sobre la jura de los próximos concejales electos de Ushuaia y Río Grande.
El conflicto encuentra su origen en la tonalidad de verde de las boletas libertarias, parecidas, pero no iguales, al color aprobado por la Justicia Electoral. Tal diferencia, motivó que, en forma coordinada, fiscales de Forja y el MPF en las dos ciudades recurrieran la totalidad de los votos republicanos en las mesas, pidiendo su anulación. Solicitud a la que la Jueza electoral, durante el escrutinio definitivo, hizo lugar.
Las posibles resoluciones que ahora la Corte Suprema pueda tomar en relación con este recurso de queja, plantean varias incógnitas.
En primer lugar, la Corte podría decidir rápidamente a favor del partido Republicanos Unidos, lo que permitiría la asunción de los concejales electos de su partido, sin problemas.
Por otro lado, si no emite un fallo antes del 15 o 16 de diciembre, fecha prevista para la asunción de los concejales, podría generarse una situación incierta. En este caso, los concejales electos podrían asumir sus cargos y, posteriormente, ser removidos si la Corte dictamina a favor de Republicanos, lo que resultaría cuanto menos insólito.
Las consecuencias de esta incertidumbre recaen en los concejales involucrados, Analía Escalante (Forja) en Ushuaia y Guadalupe Zamora (MPF) en Río Grande, así como en los candidatos de Republicanos Unidos afectados, Gastón Porfirio y Samuel Muñoz en una y otra ciudad respectivamente. La falta de claridad sobre si podrán asumir o no sus funciones crea un escenario político por demás complejo.
El recurso de queja presentado se centra en la denegación de un recurso extraordinario federal y busca que la Corte Suprema revea la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Los argumentos presentados se refieren a la violación de derechos políticos garantizados por la Constitución nacional y provincial, así como la afectación de la representación de la ciudadanía en los cargos electivos.
Este recurso, además, pretende poner en evidencia una posible vulneración de normas de tratados internacionales con jerarquía constitucional, lo que agravaría la situación creando un conflicto legal de relevancia.
En definitiva, la presentación del recurso de queja por parte de Republicanos Unidos introdujo el factor incertidumbre en la asunción de concejales electos en Ushuaia y Río Grande. La resolución que tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación será crucial para definir el futuro político en ambas ciudades y la estabilidad de los nuevos ediles en sus cargos.
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