La ciudad de Río Grande se enfrenta a un debate clave que refleja un choque entre la tradición y la innovación tecnológica: la llegada del servicio de Uber.
En una reciente reunión de comisión en el Concejo Deliberante, el análisis del servicio de taxis y la perspectiva de otorgar nuevas licencias de transporte público de pasajeros se convirtieron en un terreno de acalorados desacuerdos.
La convocatoria reunió a choferes y licenciatarios, cuyas discusiones intensas llevaron a la suspensión abrupta de la reunión sin llegar a un consenso. Entre los temas más candentes estuvo la posibilidad de otorgar nuevas patentes y el resurgimiento de las «licencias provisorias», que había sido previamente descartado. Sin embargo, la mención de la palabra «Uber» intensificó aún más la controversia.
El proyecto presentado por la concejala Miriam «Laly» Mora, que busca regular las aplicaciones y plataformas digitales de transporte, tomará estado parlamentario el próximo 29 de agosto, agregando combustible a la discusión.
Los concejales confirmaron la decisión de debatir la habilitación de Uber en Río Grande, lo que refleja un cambio rotundo de escenario, en comparación con el del año 2016, cuando ese mismo poder decidía que toda herramienta móvil de transporte era ilegal.
Esta discusión va más allá de un simple debate sobre licencias y regulaciones. La resistencia al cambio por parte de algunos sectores tradicionales se encuentra en la creencia de que la entrada de Uber amenaza sus privilegios y su exclusividad en la industria. Sin embargo, esta perspectiva puede estar pasando por alto un hecho fundamental: la necesidad de un servicio más eficiente y acorde a las demandas actuales.
Ya no solo los usuarios se manifiestan abiertamente dispuestos a la utilización de estas aplicaciones e incluso un estudio reciente de Neodelfos arrojó que el 88% de los vecinos ve con buenos ojos y como “positivo” el desembarco de esta firma.
También parte de los choferes han reconocido en el transcurso de la última semana que no hay que desconocer que en definitiva estamos hablando de una opción de trabajo, en un contexto adverso para el bolsillo de todos.
Las necesidades de la comunidad están cambiando y hasta puede leerse de este modo la inclinación electoral de los riograndenses el pasado domingo: ese 35% que votó a Javier Milei reclama menos prohibiciones de parte del Estado y más libertad para elegir.
El Municipio de Río Grande ha dado muestras de leer también este giro, al mostrarse abierto al diálogo y al promover el debate en el lugar correspondiente: el Concejo Deliberante.
A medida que Río Grande, y muchas otras ciudades en todo el mundo, enfrentan este cambio inevitable, es crucial reconocer que las plataformas de tecnología no están destinadas a reemplazar completamente los servicios tradicionales, sino a complementarlos y ofrecer una opción más.
Es tiempo de que el Concejo Deliberante decida. Llegó la hora de definir el transporte público de pasajeros que quiere Río Grande. Los concejales deben resolver si Uber seguirá siendo ilegal o pasará a estar regulado; si se necesitan más taxis o menos remises.
Pero por sobre todas las cosas, tienen que legislar. Este jueves se le escuchó decir a un taxista en el recinto de comisiones que en la sesión de la semana próxima se hará lo que ellos decidan. Además de regular, el Concejo tiene la oportunidad de terminar con una vieja práctica: que el servicio de taxis y remises sea regulado por sus propios dueños.
Comentarios