En la segunda sesión ordinaria del 2023, la Legislatura de la provincia suspendió la aplicación de la polémica Ley 1075, que entre otras cosas modificaba las potestades vinculadas al cobro del Impuesto Inmobiliario.
La herramienta, sancionada en el 2016 por el parlamento fueguino y promovida por la entonces gobernadora Rosana Bertone, indicaba que debía ser el Gobierno Provincial el que percibía esa carga tributaria y no los municipios, vulnerando la autonomía de estos.
Tras años de litigio, la Corte ratificó el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que ya había resuelto la cuestión defendiendo la posición oficialista. Esto motivó a que el conflicto regresara a su arena natural: la política.
«Suspendimos en Sesión la aplicación del Título I “Impuesto Inmobiliario” de la Ley provincial 1075 hasta el 31 de diciembre en una votación unánime en la Cámara Legislativa», confirmó en la tarde de este miércoles la legisladora Victoria Vuoto.
Esta reconocía que, tal y como había adelantado Federico Greve a ((La 97)) Radio Fueguina anoche, que la herramienta logró el consenso necesario para prosperar y que ahora comienza «este tiempo sirva para cerrar finalmente un conflicto institucional que lleva años en nuestra Provincia».
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