Desde la implementación de la ley de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, desde Amnistía Internacional se ha venido monitoreando a lo largo del país su reglamentación y cumplimiento, observando en dichos recorridos que aún se manifiestan barreras para que las mujeres puedan acceder a este derecho.
Durante la semana pasada la ONG lanzó una campaña denunciando la implementación desigual en nuestra provincia, particularmente en la ciudad de Río Grande, por lo que desde ((La 97)) Radio Fueguina se dialogó con Mariela Galeazzi, abogada y coordinadora del departamento de litigios de Amnistía Internacional quien manifestó:
“Se está poniendo énfasis en la falta de acceso en el segundo nivel de atención en la ciudad de Río Grande con motivo de la objeción de conciencia del equipo de ginecólogos. Esta situación genera que las mujeres y personas gestantes con más de dos semanas de gestación, deban trasladarse a la ciudad de Ushuaia con la sobrecarga que eso implica para los profesionales de esa ciudad”, denunció.
Destacó que durante la visita a la provincia se tuvo la oportunidad de compartir dichas preocupaciones con los niveles del equipo de salud y se armaron mesas de diálogo que dieron cuenta de articulaciones que facilitaron un avance.
“Hasta ahora, si el aborto se garantiza en Río Grande y Ushuaia es gracias al compromiso de los profesionales y no por una decisión institucional o voluntad política de acompañar sus esfuerzos”, apuntó Galeazzi.
En este sentido, refirió al reclamo administrativo que se presentó al Gobierno donde se describe la situación y porqué constituye un incumplimiento legal por parte del Estado en su obligación de garantizar el aborto en todos los centros de salud públicos.
“El reclamo pide que se convoque a una mesa de implementación de la ley, convocando a directores de los Hospitales, los profesionales de la salud que la garantizar y servicios relacionados”, detalló.
Asimismo, en la nota se pide una serie de medidas para contribuir al acceso de la IVE, como por ejemplo la capacitación a todo el personal de salud para evitar las interpretaciones abusivas de la objeción de conciencia que contempla la Ley.
“Para así evitar que se niegue la información o se interrumpan las derivaciones”, declaró la letrada.
Por último, Mariela Galeazzi habló sobre el diálogo con las autoridades del Gobierno provincial, pero indicó que se pide una reunión desde hace aproximadamente un mes sin obtener respuesta: “Seguimos a la espera por parte del Gobernador y la ministra de Salud”, manifestó.
“El Estado debe resolver la situación y adoptar medidas para evitar demoras o costos, barreras de otro tipo para las mujeres que quieren ejercer su derecho”, concluyó la abogada de Amnistía.
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