De ser aprobada por los legisladores de los 27 países de la UE, la norma establecerá que cada ciudadano podrá exigir en cualquier momento a las empresas controladoras del espacio virtual que borren toda la información de que dispongan sobre él, sea visual, de contacto o la simple mención de la persona. Solo la existencia de algunos «argumentos legítimos» para conservarlos, eximiría a las empresas de acatar una solicitud de ese tenor.
Asimismo, el proyecto estipula el derecho a exigir que los proveedores de las redes sociales le entreguen al usuario la lista de los materiales referentes a su persona. También se contemplan multas para las compañías que se atrevan a cobrar por proporcionar esos datos a terceros. Las penas en este caso pueden llegar al 0,5% de la facturación anual de la firma sancionada.
El proyecto alcanza no solo a las redes sociales, sino a cualquier empresa que maneje datos personales; entre otras, a las consultoras de selección de personal. Las obligarán a revisar su forma de trabajar para asegurarse de que estén observando la ley. En particular, cada empresa con más de 250 empleados deberá contar con un responsable de protección de datos.
El concepto del derecho al olvido digital surgió por primera vez después de que un sondeo, realizado en Estados Unidos en 2009, revelara la dimensión del problema de la existencia de materiales comprometedores en la red. Un 45% de los empleadores buscaba en Internet información sobre el pasado de los aspirantes a un trabajo. Una tercera parte de los encuestados reconoció que lo que encontraron en la red influyó en el proceso de selección.