No es frecuente que la Aduana Nacional detecte maniobras ilegales bajo el paraguas de la ley de promoción 19.640. Aun cuando es creencia general que ellas son moneda corriente y los detractores del subsidio fiscal a Tierra del Fuego afirmen que son miles de millones los que escapan por la cloaca de la corrupción aprovechándose de la falta de controles y los vacíos legales.
Por esta razón es válido alegrarse cada vez que los controles del Estado detectan estos abusos ilegales, pero es deseable también que el castigo llegue prontamente y con todo el peso de la ley, para desalentar la reiteración del delito y el descrédito consecuente de la Ley de Promoción. Porque los detractores de la 19.640 (convencidos o basados en su conveniencia económica), no perderán ocasión de echar más leña al fuego y reiterar que “la promoción sólo sirve para que hagan negocio los contrabandistas y empresarios corruptos”.
Este ha sido el caso de la maniobra descubierta por la Aduana y que fuera noticia este viernes en medios de todo el país. Aunque el éxito investigativo no fue el fruto del control celoso y sistemático, sino de una cadena de hechos casi fortuitos que derivaron en la aplicación celosa del «canal rojo».
Todo comenzó con la orden terminante bajada desde las altas esferas del gobierno nacional, de prevenir toda maniobra ilícita que aumente la sangría de dólares al exterior. Ello, por la crisis extrema que atraviesa la Argentina, debida -justamente- a la falta de reservas del Banco Central.
Acatando esa “bajada de línea”, la Aduana extremó los controles en determinados rubros y canales de importación y –enseguida, en junio pasado- detectó un envío irregular, compuesto por placas de video destinadas al minado de bitcoins. Se trataba de una maniobra de sobrefacturación, con un perjuicio estimado al Estado de 5 millones de dólares.
Las citadas placas, provenían de China pero eran facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado, figurando como importadora una firma radicada en la zona franca de la ciudad de La Plata.
La causa penal quedó radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Pablo Yadarola. Pero, más allá de ello, la Aduana dispuso varias medidas direccionadas a detectar más maniobras ilegales similares, bajo la sospecha de que se trataba de un “modus operandi” de larga data para esa rama del rubro electrónico.
Entre otras medidas, se decidió bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito China-Ezeiza-Zona Franca La Plata, para hacer un análisis exhaustivo de cada operación. Además, incrementar los controles aduaneros para este tipo de operatoria, cursando el 100% de la misma por el canal rojo obligatorio, lo cual implica control documental y físico de la mercadería.
Destino: Río Grande
Esto último es lo que llevaría, en pocos días más, a descubrir otro envío irregular, aunque esta vez con destino a la Aduana de Río Grande y –por lo tanto- enmarcada en los alcances de la Ley 19.640.
Es que cuando se impuso el canal rojo (control exhaustivo de documentación y apertura obligatoria en destino de cada bulto) ya estaba en viaje la encomienda de supuestas placas de video encargadas por la firma KMG, radicada en la calle Chacabuco al 700 del parque industrial, aunque tiempo atrás estuvo instalada en el exgalpón de Athuel, sobre calle Echelaine.
El adquirente sabía ya que los bultos serían abiertos en destino por agentes aduaneros, pero ya nada se podía hacer para frenar el cargamento que provenía de China, aunque también (no parece casualidad) facturado por una firma radicada en EEUU, esta vez en el estado de Delaware.
También el agente aduanero, responsable de toda la documentación, sabía que el envío debía atravesar el “canal rojo” y que los papeles serían revisados exhaustivamente. Precisamente, de este control surgió la primera irregularidad que activó todas las alarmas de la Aduana: las facturas tenían fecha de marzo de 2020 (casi dos años atrás de la salida de la mercadería de China) y –para más sospechas- emitidas con membrete de una empresa inscripta en EEUU en mayo del mismo año, es decir dos meses después de la fecha de factura.
Así las cosas, los inspectores de Aduana en Río Grande sabían que podían encontrar algo anormal, pero lo peor vino al abrir las cajas. No estaban allí las placas de video descriptas en la factura y en la carta de porte, sino elementos casi sin valor como carcasas, coolers (ventiladores para electrónica), piezas electrónicas menores, cartones y material de embalaje. El valor estimado de toda esta “basura tecnológica”: 30 mil dólares, mucho menos que los 1,5 millones de dólares declarados en la factura.
El ilícito saltaría a la vista, pero además configura dos imputaciones distintas, a definir por el Juzgado Federal de Río Grande, donde quedó asentada la denuncia de la Aduana. La primera por la sobrefacturación, maniobra que apunta a obtener varios beneficios ilegales, pero encuadrados en la figura de “defraudación al Fisco”.
La otra figura legal (mucho más grave y con penas que pueden llegar a la prisión) es la de “contrabando”, en el que se recae cuando se sustituye el producto declarado en la operación de exportación, o –sencillamente- no se lo declara o se declara una cantidad menor. En este caso, se declararon placas de video que nunca se incluyeron en el envío inspeccionado por la Aduana.
El beneficio inmediato: obtener –con el permiso de importación- miles de dólares a precio oficial (sensiblemente menor al de mercado) y girarlos inmediatamente al exterior, donde los atesora la empresa que aparece como vendedora, la que (se cree) podría ser propiedad de los mismos compradores, con lo cual recuperarían el monto en dólares, pero ya fuera del país.
Por todo ello deberán rendir cuenta no sólo los empresarios involucrados en la importación denunciada como fraudulenta, sino también sus Despachantes de Aduana, un matrimonio de profesionales reconocidos y con largo historial en Río Grande, identificados por las iniciales C.G y R.O y asociados bajo la figura de una S.R.L.
Será el tiempo de la Jueza Federal, la Dra Mariel Ester Borruto, quien deberá determinar los alcances de los supuestos delitos, responsabilidades y figuras legales pertinentes, a los fines de una potencial imputación. Para ello ordenó ayer sendos allanamientos en el galpón de la empresa KMG y en el estudio de los despachantes de Aduana, con el resultado del secuestro de computadoras, voluminosa documentación y otros “elementos de interés para la causa”.
Fuentes relacionadas a la investigación adelantaron a radiofueguina.com que algunos de los involucrados ya tienen antecedentes en la Justicia Federal por acusaciones similares a la que ahora los tiene en el centro de la mira de todos los preocupados por los temas aduaneros y la ley de Promoción Industrial.
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