El gobierno en Chile del presidente de izquierda Gabriel Boric decretó el estado de emergencia en zonas del sur del país, en un giro a su postura sobre cómo abordar el recrudecido conflicto entre el Estado y grupos mapuches.
La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la noche del lunes que se aplicará estado de excepción constitucional «acotado» para que militares custodien únicamente rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío, epicentro del conflicto.
«Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques», dijo Siches en una declaración a la prensa desde el palacio presidencial.
«Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos», señaló.
La propia Siches, en los primeros días de asumido el gobierno en marzo, tuvo que interrumpir temporalmente su viaje a la zona de conflicto cuando se registraron disparos al aire.
El gobierno solicitó al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para que investigue a organizaciones criminales y actividades como narcotráfico y robo de madera en la zona.
Boric impulsará también la restitución de tierras, reactivará la creación de un ministerio de pueblos indígenas y destinará 400.000 millones de pesos (unos 470 millones de dólares) para proyectos de obras públicas en la zona.
Sectores de la etnia mapuche han reclamado por años la devolución de sus tierras ancestrales, entregadas a privados y donde actualmente existen muchas operaciones del sector forestal.
En los últimos años se han multiplicado los sabotajes en el sur de Chile con quemas de casas, camiones y maquinarias en un área con mucho potencial turístico, eólico y forestal.
Desde su campaña presidencial Gabriel Boric había sostenido que de llegar al gobierno no tenía la intención de renovar el estado constitucional de emergencia que había decretado su antecesor derechista Sebastián Piñera en octubre del año pasado y que, tras varias extensiones, rigió hasta fines de marzo pasado.
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