Uruguay aprobó la derogación de la ley de caducidad, iniciativa del oficialista Frente Amplio (FA), permitiendo así juzgar a los militares que cometieron crimenes durante la dictadura de 1973 a 1985 y que estaban protegidos por una amnistía.
Tras obtener luz verde en el Senado, la Cámara de Diputados le devolvió la capacidad punitiva al Estado sobre los crímenes de la dictadura con 50 votos sobre 90, tras un debate que duró mas de 12 horas, en un ambiente de tensión pocas veces visto en ese recinto.
La sesión se fue cargando de gestos y acusaciones de uno a otro bando según pasaban las horas, y culminó con los gritos y aplausos de los legisladores oficialistas y del numeroso grupo de jóvenes que esperó en las gradas del congreso durante toda la sesión para dar su apoyo a la medida.
El debate y votación de esta ley es el último paso legislativo necesario para ratificar una norma aprobada anteayer por el Senado, y que apunta a restablecer la capacidad punitiva del Estado sobre los crímenes de la dictadura y declararlos como delitos de lesa humanidad para hacerlos imprescriptibles.
Ahora para que la ley entre en vigor basta con su promulgación por el presidente, José Mujica, que ya anunció que lo hará mañana.
La idea es que la norma se pueda aplicar antes del 1 de noviembre, día en que se cumple el plazo decretado por la Corte Suprema para la prescripción de los crímenes como violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por representantes del Estado entre 1973 y 1985.
El debate se centró en dos aspectos claves: la necesidad de luchar contra la impunidad, defendida por el FA, y la vulneración que esta propuesta supone para la decisión de los ciudadanos en dos referendos en los que votaron por mantener la ley tal y como está, opción asumida en bloque por los opositores Partido Nacional, Colorado e Independiente.
La discusión alcanzó tanta intensidad que el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, se vio obligado a parar la sesión en un par de ocasiones para serenar los ánimos.
Según explicó el diputado del FA Julio Bango, la intención de su partido es «terminar definitivamente con la impunidad» al recuperar la «pretensión punitiva del Estado», es decir, que la justicia pueda actuar libremente en los casos de violaciones a los derechos humanos, algo que se había perdido con la ley de caducidad.