Estados Unidos deportó durante el año fiscal 2011 unos 397 mil indocumentados, cifra que impone un nuevo récord pese a los pedidos de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes para que el gobierno del Presidente Barack Obama cambie su política de expulsiones.
De los 397 mil deportados 210 mil tenía antecedentes penales, cifra que también constituye un récord.
Durante el año fiscal 2010 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a poco más de 392 mil y de ellos 195 mil tenía antecedentes criminales.
Las cifras fueron entregadas el miércoles por John Morton, director de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), durante una audiencia ante el Subcomité de Políticas y Control de Inmigración de la Cámara de Representantes.
Morton comentó que las cifras eran «bastante sólidas» y se congratuló por los resultados alcanzados por la agencia federal.
Prioridad de Obama
ICE sigue «poniendo el énfasis en nuestras más altas prioridades»: deportar criminales, personas que constituyan un peligro para la seguridad nacional, personas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos y reincidentes que ya fueron deportados anteriormente, dijo Morton.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que un elevado porcentaje de deportados no tiene antecedentes criminales que los convierta en una amenaza para la seguridad nacional.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) reiteró que entre seis y siete de cada 10 deportados durante el año fiscal 2010 no tenía antecedentes criminales graves.
Redadas silenciosas
Morton también dijo durante la audiencia en el Congreso que durante al año fiscal 2011, ICE realizó 25 mil auditorías a empresas para constatar que no empleen trabajadores indocumentados.
Durante los operativos, que los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes califican de “redadas silenciosas”, ICE detuvo a 217 empleadores, 15 mil trabajadores sin autorización de permanencia ni permiso de trabajo e impuso multas por $6 millones.
Las auditorías forman parte del programa federal E-Verify, una gigantesca base de datos que forma parte de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011.
Voluntario, por ahora
Por ahora el reglamento federal establece que los empleadores acceden voluntariamente al sistema -a través de Internet- y faculta al DHS para que verifique la identidad de cualquier trabajador (nacional o extranjero), coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos (entre ellas la del FBI), y compruebe que tiene visa o permiso para laborar en el país.
El E-Verify fue aprobado en noviembre de 2003. Miles de empresas han sido auditadas por el DHS y las identidades de millones de trabajadores han sido verificadas, muchas veces sin que los empleados se den cuenta.
Este tema le preocupa a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que asegura que la revisión silenciosa hecha por el gobierno federal contraviene los derechos civiles.
Críticas a Obama
Durante la audiencia del miércoles, legisladores republicanos reiteraron su denuncia de que el gobierno de Barack Obama conceda una «amnistía administrativa» de hecho a cientos de miles de indocumentados por su nueva política de priorizar la expulsión de personas con antecedentes.
«Este gobierno parece comprometido con una amnistía encubierta (…). En el último año el gobierno de Obama ha intencionalmente permitido que inmigrantes ilegales permanezcan en Estados Unidos», sostuvo el congresista Lamar Smith.
Smith, jefe del comité Judicial de la Cámara de Representantes, ha impulsado varios proyectos de ley para endurecer las leyes migratorias, entre ellos uno para impedir que el gobierno pueda priorizar unas deportaciones sobre otras.
La representante demócrata Zoe Lofgren se refirió, por su parte, a la necesidad de ese tipo de políticas de alivio, debido a la falta de recursos del ICE para deportar a 11 millones de indocumentados en el país.
Morton rechazó la posibilidad de una amnistía. «Queremos enfocar nuestros limitados recursos en aquellos que sea más sensato» deportar, agregó.
El récord anterior
En octubre del año pasado, al término del año fical 2010, el DHS anunció que había deportado a poco más de 392 mil indocumentados con antecedentes criminales.
Durante el año fiscal 2009 la cantidad fue de 389 mil.
En esa ocasión, la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijo que «este gobierno se ha centrado en velar por el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de una manera sensata y eficaz, que le da prioridad a la seguridad pública y nacional».
«Esta estrategia ha producido resultados históricos, y se ha deportado a más delincuentes extranjeros condenados que nunca antes y se han emitido más sanciones pecuniarias que durante todo el gobierno anterior contra empleadores que infringen las leyes de inmigración», afirmó.