Tercera parte
Columna de opinión por Daniel Merlo (*)
El ex Vice gobernador Arcando efectuó días atrás declaraciones radiales a FM Artika de Ushuaia, siendo la primera vez que uno de los involucrados en la colosal estafa perpetrada con cientos de miles de hectáreas de tierras fiscales en Tolhuin rompe él más que evidente pacto de silencio existente entre ellos, intentando minimizar el tenor de mis manifestaciones públicas sobre este tema que está denunciado en sede penal con una investigación judicial en marcha que determinará las conductas delictivas desplegada por parte de sus intervinientes, negando cínicamente su responsabilidad y participación.
Es de público conocimiento que todos los responsables de esta defraudación permanecieron mudos durante años porque a veces una buena defensa es no decir nada ante la contundencia de las pruebas en su contra, tratando al mismo tiempo de silenciar esta monstruosa estafa gracias a la ayuda para nada desinteresada por cierto, de muchos medios de prensa que aún hoy la evitan difundir.
Si pensaron que me cansaría o que no habría medios de comunicación dispuestos a que se sepa la verdad sin temor a las represalias, estas publicaciones y la evidencia probatoria de la documentación adjuntada a la causa penal en trámite, les está demostrando que se equivocaron.
Abandonaron el silencio cambiando de estrategia en la creencia de que haciendo hablar a quién nada le importa falsificar los hechos, podían hacer aparecer sus mentiras como “creíbles”. El problema insoluble que tienen es que no pueden aportar ninguna prueba que me desmienta sino que por el contrario son las demoledoras pruebas obrantes en sede judicial las que destruyen todos estos intentos desesperados.
Los dichos de Arcando son un océano de inexactitudes y de mentiras como lo es la canallada de querer asimilar con una simple picada construida por los madereros, la construcción del camino de 16 km de longitud realizado y pagado por la empresa concesionaria desde la Ruta Nacional N° 3 hasta las Termas. Esto no solo es el producto de la ignorancia sobre lo que implica construir un verdadero camino donde antes solo había una senda de guanaco intransitable lo que además es fácilmente comprobable, sino que evidencia la mala fe ante este gran logro.
Las pruebas presentadas son tan elocuentes e incontrastables que dan la absoluta certeza no solo de la existencia de actos de corrupción generados por quienes desarrollaron un accionar sistemático y deliberado en contra la Provincia y de los fueguinos, sino que demuestran sin admitir prueba en contrario, la existencia de una verdadera asociación ilícita creada para defraudar las arcas del estado con la adquisición de tierras fiscales a precio vil en la ciudad mediterránea, para luego revenderlas a valor de mercado en loteos que violan la ley.
Esta conducta infame no solo es delictiva sino que además los involucrados están es depredando el bosque nativo sin contralor alguno, lo que es posible atento desde un sector del poder judicial provincial se les garantiza impunidad con la chapa que les da el poder para aprovecharse y cometer estos latrocinios, todo lo que causa un enorme perjuicio fiscal como un daño moral irreparable al pueblo que apuesta desde siempre a vivir de su trabajo sin robarle al estado.
Los partícipes en las maniobras estafatorias se vieron obligados por la contundencia de las pruebas existentes en su contra a tratar de justificar lo injustificable recurriendo al típico “relato” de una historia que nadie en su sano juicio puede creer que sea cierta, pensando que lograrían quedar bien parados con las palabras grandilocuentes pero vacías de contenido del ex funcionario citado.
Se olvidaron los corruptos que no se puede tapar el sol con las manos y fue por eso que la sociedad ya los repudió y condenó socialmente en las urnas a varios de ellos hace un par de años, absolutamente descreída de que alguna vez respondan estos verdaderos apropiadores de la cosa pública en provecho propio, ante una verdadera justicia. Los que lograron zafar de la zaranda obteniendo cargos o bancas en el congreso, muy pronto tendrán que devolverlos.
Nada personal
En la nota periodística se plantea falsamente que yo tengo una cuestión personal en su contra cuando resulta que no lo conozco ni hablé jamás con él, al igual que dice con la caradurez que lo caracteriza dice Arcando que él no tiene nada que ver con las maniobras llevadas a cabo desde la Intendencia de Tolhuin, cuando es un partícipe necesario y fundamental de la banda que no es de música habida cuenta le cupo promulgar las leyes de ampliación del Ejido Urbano y la creación del Departamento Tolhuin cuando era el Presidente de la Legislatura del gobierno provincial anterior.
La verdad es que no solo trata de sacar del medio a sus socios de los delitos denunciados judicialmente, sino que también le manifiesta a su entrevistador que no tiene a su nombre tierras fiscales en Tolhuin cuando TODOS SABEMOS que si una persona no quiere tener algo a nombre de uno, puede recurrir a un testaferro. ¿O alguien puede pensar que quién viola la Constitución Nacional a sabiendas promulgando dos leyes cuya constitucionalidad he impugnado en la justicia, lo hace sin recibir nada a cambio?
Arcando está acompañado en esta maniobra por la actual Diputada Nacional Bertone porque fue quién remitió a la legislatura los proyectos de lo que luego fueron las leyes que amplían el ejido urbano y crean el Departamento Tolhuin, que fueron hechas para blanquear las ventas ilegales de predios fiscales además de robarse las termas por que las mete por la ventana adentro de dicha localidad, cuando le pertenecen a la provincia según la Constitución.
Son también sus socios todos los once (11) legisladores que levantaron la mano para aprobar las leyes N° 1147 y N° 1186 que son ilegales ya que les estaba absolutamente prohibido hacerlo en virtud de que estaban tramitando ante el Superior Tribunal con anterioridad a sancionarse ambas leyes tanto el juicio de cumplimiento de contrato como el de consignación, y como esas leyes cambiaban, modificaban y alteraban lo que la concesionaria y la Provincia estaban dirimiendo en sede judicial , les estaba vedado dictar leyes que vayan en contra de lo que los jueces tenían que resolver primero .
Los integrantes del Superior Tribunal también tienen explicaciones para dar porque:
a) convalidaron la rescisión ilegítima del contrato de 1988 que le birla a la concesionaria la cesión con opción a compra de las 400 has hecha a cambio de las inversiones millonarias realizadas;
b) Porque ordenaron ilegalmente el desalojo omitiendo tener presente que les estaba prohibido, porque la empresa concesionaria le había iniciado antes en un juicio que declaren la nulidad del decreto rescisorio del contrato de explotación;
c) Porque declararon válida y aplicable a la concesionaria de las Termas la ilegal ley N° 597 que NO EXISTE para la empresa porque fue sancionada después que la prestataria le inició juicio a la Provincia pidiendo la nulidad de la desadjudicación, amén de ser aberrante y absolutamente ilegítima porque viola la Doctrina de los Actos Propios que señala que nadie puede ir en contra de sus propios actos jurídicos, por lo que si hay un contrato anterior que establece la concesión , la cesión de tierras y la opción de compra de las mismas, no puede una ley posterior generada por el mismo Estado que firmó antes ese contrato en cuestión, hacer todo lo contrario con una ley trucha.
El Fiscal de Estado tiene que ver porque le expresó en una nota a la ex gobernadora Ríos que el convenio de restitución de la concesión estaba homologado judicialmente por el Superior Tribunal de la Injusticia y que no se podía discutir nada porque era cosa juzgada, pero resulta que es una mentira porque jamás se lo homologó ; porque en la contestación de la demanda del juicio que la empresa le hizo a la Provincia convalidó desde la fiscalía de estado el decreto rescisorio del contrato de explotación de las termas, avalando el robo de Manfredotti-Gallo que declararon rescindido el contrato inventando causales de incumplimiento ; y porque solicitó y consiguió el desalojo ilegal durante el gobierno de Manfredotti, atento la empresa ya había demandado con anterioridad pidiendo la nulidad de la desadjudicación.
El Ing. Eduardo Villa es socio porque nunca aprobó la mensura presentada por la concesionaria para permitir de este modo la venta de las hectáreas cedidas a la empresa, pero además fue quién legitimó cuando estaba a cargo de Catastro, la aprobación de la documentación para que los amigos del poder puedan lotear los predios fiscales adquiridos ilegalmente.
Son también socios de Arcando los Intendentes tolhuinenses que entregaron las tierras fiscales “en reserva” o que lo hicieron a precios irrisorios mediante adjudicaciones en venta que violaban la ordenanza, porque se las pidió para emprendimientos productivos y se los destinó a emprendimientos inmobiliarios, incluido Harrington porque refrendó varias entregas de predios cuando fue Secretario de Gobierno de Queno además de haber levantado la mano para aprobar las dos leyes de Tolhuin cuando era legislador.
A todos estos funcionarios y ex integrantes de diversos organismos municipales y provinciales como violadores seriales de la ley que son, no les importó pisotear la Constitución ni los fallos de la Corte Suprema que se lo impedían porque se sentían protegidos aunque parezca inverosímil, por algunos fiscales y jueces que no encuentran delito cuando se trata de investigar los actos de corrupción cometidos por funcionarios.
Es más, cual si fuere un abogado refiere Arcando en el reportaje aludido, la existencia de una pirámide jurídica que pone por encima de todo a la Constitución Nacional, pero resulta que no le dio bola cuando decidió promulgar las dos leyes de Tolhuin ignorando que se lo impedía la previa existencia del juicio de Cumplimiento de Contrato y el de Consignación que fueron iniciados por la empresa concesionaria en contra de la Provincia, por lo que al promulgar las leyes 1147 y 1186 no solo violó el art. 16 de la CN sino que también se llevó puesto todos los fallos de la Corte Federal que así lo expresan.
Señala el ex funcionario que yo lo acuso, cosa que no es real porque el que acusa y pide que se investigue a los denunciados penalmente es el fiscal interviniente, además de mentir cuando dice que las Termas fueron desadjudicadas por falta de inversiones cuando resulta que para justificar la rescisión del contrato tuvieron que inventar las causales de incumplimiento al contrato de explotación del recurso.
La prueba fehaciente de ello es que Cóccaro devolvió lo que el manfredotismo se había robado, amén del disparate antijurídico que también intentaron hacer cuando se las quisieron vender a otro mientras estaba en pleno trámite el juicio que tenía que resolver sobre la ilegal rescisión contractual, llegando al dislate de llamar a una licitación.
Arcando confiesa años después con absoluto desparpajo que fue el panadero de Tolhuin y no la empresa quién “lo invitó” a bañarse en las Termas que están cerradas al público por los actos de corrupción, supuestamente para mostrarle las instalaciones a un conocido periodista del norte que había venido para hacer una nota sobre las termas del fin del mundo, el que curiosa y sugestivamente después de dicha visita nunca realizó nota alguna.
El choreo de las tierras fiscales en Tolhuin no es una de las fábulas de Esopo, sino que es tan real como lo es el “clamor político” en el que están coincidiendo sugestivamente tanto el oficialismo como la oposición, cuando piden la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. Los fueguinos esperamos que los políticos les resuelvan como corresponde el problema de los que necesitan realmente de un predio fiscal, obviamente sin repetir lo ocurrido en Tolhuin.
Puedo decir sin temor a equivocarme que la Argentina tiene una legislación muy benigna que les permite a los aprovechadores la utilización del poder estatal para delinquir por ellos mismos o con testaferros, y sumado a ello existe una absoluta falta de control del fisco sobre el origen de las grandes fortunas de aquellos que pasan de secos a millonarios sin escala, siendo emblemático y una prueba evidente si hablamos de testaferros, recordar el muy conocido caso del indocumentado de Chonchi que vino a la Isla munido de un destornillador y una pinza que convirtió a su esposa en un presta nombre como él que llegó al colmo de querer lotear para vender mediante su inmobiliaria, los terrenos en donde está asentado uno de los monumentos históricos de Río Grande, que por ley está prohibido. ¿o alguien puede creer que es posible hacerse millonario gracias a una extraordinaria visión de futuro y esfuerzo personal?
(*) Daniel Merlo (abogado Matrícula Provincial Nro. 17)
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