A casi un mes del vencimiento del decreto que suspendió los desalojos de inquilinos por falta de pago, prorrogó los contratos y congeló los alquileres, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamó restablecer estas disposiciones mientras dure la crisis sanitaria en consonancia con lo que vienen solicitando otras organizaciones como Inquilinos Agrupados.
Además, piden «un programa de desendeudamiento, cumplimiento efectivo de la Ley de Alquileres y políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la vivienda» para que no vean empeorar aún más su situación habitacional en esta segunda ola de la pandemia.
«Lo que estamos viendo es una reanudación de juicios de desalojo, aumento de los desalojos de hecho y un crecimiento muy marcado de los precios de alquiler», dijo a Télam Pablo Vitale, codirector de ACIJ.
Y ese incremento en muchas ocasiones imposible de afrontar por familias endeudadas que además deben afrontar el pago de cuotas de aumentos diferidos, «está asociado con la vigencia del DNU», dado que su finalización dio lugar a medidas «especulativas» por parte de las inmobiliarias que «aumentaron por encima de la inflación» en virtud de «la retracción de la compra/venta».
«Como bajó mucho la compraventa, las inmobiliarias recurren al submercado de alquiler que del que no tienen grandes entradas pero que les permite generar algún tipo de ingresos», dijo.
Vitale aseguró que el mayor problema hoy es que «la deuda se volvió impagable para muchas familias» aunque sea prorrateada en 12 cuotas, si además se tienen que mantener al día con el pago mensual del alquiler indexado y afrontar la renovación de contrato, o una mudanza.
«La suma da un monto altísimo para las familias y ése es el problema grave que no está resuelto», dijo.
Vitale explicó que «en ACIJ nos aumentó exponencialmente las consultas por situaciones de desalojo de hecho o inminentes o que se ven venir un desalojo potencial».
«Como medida de cortísimo plazo, pedimos la prohibición de los desalojos mientras dure la pandemia por cuestiones sanitarias, porque en principio nada es más importante que preservar la vida y para hacerlo se necesita contar con una vivienda», dijo.
En segundo término, piden «prever una salida de la prohibición que no implique expulsión masiva inmediatamente caída la medida, para que las familias que quedaron tan endeudadas puedan solventarla, por ejemplo a través de créditos blandos».
«Y luego, un conjunto de respuestas habitacionales para las familias que no se limitan a la construcción de viviendas, que es correcta para la reactivación económica, pero que llegan muy tarde para las familias que están en crisis hoy, que requieren esas medidas pero también muchas otras, sobre todas las orientadas a regular el mercado», concluyó.
En virtud del Censo 2010, se estima que ocho millones de personas alquilan y que destinan aproximadamente el 40% de sus ingresos para cubrir este gasto.
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