En medio de una Argentina en llamas por los incendios que ya arrasaron 900.000 hectáreas de superficie, el Frente de Todos quiere poner el pie en el acelerador y sacar dictamen la semana que viene al proyecto de ley que encabeza Máximo Kirchner para combatir el fuego y detener el ecocidio que el país sufre año tras año.
Una iniciativa que declama objetivos nobles pero envuelta en una áspera polémica porque tocaría fuertes intereses económicos, al prohibir durante 30 años el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios u actividades de cualquier tipo que sean distintas al uso que esos terrenos tenían al momento del incendio, haya sido intencional o no.
En el caso de bosques nativos de propiedad privada, la prohibición para lotear, edificar o desarrollar cualquier tipo de actividad productiva luego de un incendio se extiende hasta los 60 años.
En pie de guerra, la Sociedad Rural denuncia un ataque directo a la propiedad privada, y Juntos por el Cambio se puso en guardia para resistir lo que consideran una «herramienta ineficaz».
Si no fuera porque el presidente de la comisión de recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quedó varado en Bolivia, hasta dónde había llegado como veedor del proceso electoral que culminó con el triunfo del MAS, el proyecto probablemente ya tendría dictamen favorable, dado que la iniciativa se presentó con las firmas de todos los bloques, a excepción de Juntos por el Cambio.
Con viento a favor, la puntada final la darán la semana que viene, si bien Grosso aún no formalizó la convocatoria a la reunión de comisión.
No está dicha la última palabra y todavía hay posibilidades de moderar el texto, dado que hay algunas dudas sobre la viabilidad en la implementación de la iniciativa.
En diálogo con NA, la diputada kirchnerista Daniela Vilar, una de las legisladoras que Máximo Kirchner designó como voceras para defender públicamente la iniciativa, argumentó que la aplicación de la ley es posible a partir del cruce de imágenes satelitales que provee la CONAE con información de catastro se pueden monitorear los incendios de todo el país.
La vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales, Brenda Austin (UCR), es dentro de Juntos por el Cambio la más activa en la temática y viene pensando y elaborando alternativas para hacer frente al flagelo de los incendios.
En declaraciones a este portal, alertó que el Gobierno no tiene una «política ambiental congruente» ya que por ejemplo impulsa un recorte de fondos para el sistema nacional de Manejo del Fuego en el proyecto de Presupuesto 2021, a la vez que promueve un «desfinanciamiento de la Ley de Bosques y un congelamiento de las partidas para áreas protegidas y Parques Nacionales».
La legisladora cordobesa considera que el proyecto del oficialismo es «una herramienta ineficaz» porque «legisla sobre las cenizas» y no carga las tintas en la prevención.
En ese sentido, presentó un proyecto para actualizar el Código Penal con un capítulo completo dedicado a delitos ambientales, y por otro lado una iniciativa para crear un «piso presupuestario mínimo» para el combate al fuego que elevaría sustancialmente los recursos del Estado a esta finalidad.
«Compartimos la intención (del oficialismo) de tratar de evitar y disminuir los incendios y buscar desincentivos para que eso ocurra pero no vemos que esa sea la herramienta. En primer lugar porque baja la protección a perpetuidad que hoy tienen los bosques nativos y demás bosques no productivos, tanto en la ley de Bosques como en la Ley de Manejo de Fuego, donde no se puede cambiar la categoría del suelo en las zonas incendiadas. Esta ley lo baja a 60 años», esgrimió en declaraciones a Noticias Argentinas.
Con respecto a la regulación de 30 años que regiría sobre el uso del suelo en pastizales o tierras agrícolas después de un incendio, Austin entiende que «tiene aspectos de difícil cumplimiento» porque los efectos no sólo recaerían sobre quienes han provocado intencionalmente la quema, sino también sobre personas que han sufrido un incendio no intencional en sus tierras.
Al respecto, Vilar dio otra visión al explicar que «la enorme mayoría de los incendios son provocados por acción humana, en algunos casos por negligencia y en muchos otros casos (la mayoría) de manera intencional».
«Por otro lado, no estamos intentando legislar sobre las causas de los incendios. Estamos intentando evitar la generación de incendios intencionales con fines especulativos y garantizar un período de tiempo suficiente para que esos suelos puedan restaurarse y recuperar su biodiversidad», agregó.
Sobre las críticas que la principal fuerza opositora adelantó en reuniones y en medios de comunicación, Vilar dijo que no le «sorprendió para nada esa reacción».
«Fue la misma reacción que tuvieron frente al proyecto de aporte extraordinario. Hablan de cuidado del ambiente o de preocupación por los incendios pero no apoyan ninguna iniciativa que implique redistribuir o tocar algún interés de sectores concentrados», fustigó Vilar.
Aclaró que el proyecto «lo que hace es prohibir un cambio en el uso del suelo distinto al que tenía al momento del incendio y hacer emprendimientos inmobiliarios como loteo o parcelación».
En este sentido, rechazó de forma tajante que la norma propuesta apunte a «prohibir el uso de la propiedad privada como ellos quieren instalar», o que sea «confiscatorio»
«Lo único que hace es evitar que se quemen tierras con fines especulativos, en un contexto de emergencia absoluta con más de 900.000 hectáreas incendiadas. Pero bueno, para ellos aparentemente el lobby inmobiliario y el agronegocio son prioridad antes que los suelos, la biodiversidad, los bosques, los humedales, los bienes comunes naturales y la infraestructura y recursos materiales que se pierden», sentenció.
(Fuente:: NA/ Por Sebastián Hadida)
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