El ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, Marcelo Romero, se refirió a la situación que están viviendo los trabajadores de Textil Río Grande, luego del anuncio de cierre de la empresa en todas sus plantas.
En este marco, manifestó que se llevó a cabo una audiencia con todos los actores el lunes pasado en la cual “se manifestó que la empresa va a cerrar sus puertas tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Buenos Aires”.
En relación al ofrecimiento de pago de la indemnización en cuotas y con quitas, Romero remarcó que solo el 15% de los trabajadores se acogieron a las opciones planteadas por la empresa y que el 85% sigue formando parte de ella y sostiene el plan de lucha.
Con relación a esto, el ministro comentó que “la audiencia que tuvimos el lunes pasado, en el edificio de Río Grande, que se hizo físicamente y virtualmente con la gente de la empresa en Buenos Aires, pudimos tener, por primera vez, al menos en lo que hace al Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia, la palabra con poder decisorio de una de las representantes de la empresa, la gerente general de Recursos Humanos del distrito Río Grande que se encuentra en Buenos Aires”.
“Ante la insistencia nuestra -continuó-, tanto de los trabajadores como de las autoridades y personal del Ministerio de Trabajo, manifestó que la empresa va a cerrar sus puertas tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Buenos Aires”.
En esta línea, expresó que “es una mala noticia que se venía barajando desde tiempo atrás” y continuó: “recordemos que Textil Río Grande tiene hace tres años y medio un concurso de acreedores con muchas dificultades económicas financieras, con muchos problemas a raíz de esa situación y del comportamiento de los apoderados y representantes de la empresa ante los trabajadores, con muchos conflictos salariales, deuda, problemas de pago, atrasos, diversas situaciones que una vez aparecida la pandemia y este aislamiento, produjo este lamentable desenlace”.
Con respecto a las indemnizaciones, explicó que “en principio está en vigencia el DNU 297 de Nación que se dictó a poco de comenzar el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, pero indicó que “en el medio hay tres propuestas de desvinculación acordada desde la empresa y los trabajadores. Son propuestas que tienen que ver con distintas formalizaciones del pago del 100% en distintas cuotas”.
En este contexto, manifestó que “hay cien trabajadores aproximadamente, algunos que se han acogido a esta desvinculación de la empresa, alrededor de 15 y hay trabajadores que siguen reclamando sus derechos”, y agregó que “las alternativas son continuar protestando y recurriendo a todas las entidades administrativas, acogerse al beneficio en estos pagos escalonados en cuotas, en este caso hasta 12 cuotas, sin ninguna tasa de interés que contemple el acuerdo, y la otra, es declararse despedido y recurrir a la Justicia”.
“Ninguna de las alternativas es muy buena ni alentadora” admitió y añadió que “todas conllevan una decisión por parte de los propios trabajadores junto con sus entidades gremiales, porque nadie quiere estar en esa situación y el tema es angustiante ante el contexto y la dificultad para conseguir trabajo en estos tiempos de”, subrayó el funcionario.
Por otro lado, dijo que “mientras tanto se sustancian administrativamente todas las situaciones que ya venimos trabajando con Textil Río Grande desde enero, solicitando todas las formalidades de ley, recibo de sueldo y cumplimiento por parte de la empresa. También está esperando un ATP, es decir una nueva Asistencia al Trabajo y la Producción. Eso va directamente a la cuenta sueldo de los trabajadores. Antes se correspondía a dos salarios mínimos, hoy aparentemente solo sería uno, porque somos una provincia que se encuentra en una nueva etapa de la cuarentena. Estamos hablando de 17 mil pesos que en nada contribuyen a la situación que viven los trabajadores”.
“Si los trabajadores lo judicializan, la ley misma de Contrato de Trabajo y varias legislaciones nacionales lo establecen, la prioridad es el pago de la masa salarial y la embargabilidad de los bienes que tiene la empresa a efectos de asegurarse la garantía”, indicó.
(foto archivo)
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