Desde la CAME también estiman que una gran cantidad de empresas tendrá dificultades para pagar el aguinaldo. “Calculamos que las empresas que piden el ATP no van a poder abonarlo. Es el 50% de las pymes del país, unas 300.000. Las más complicadas son las micro empresas, que tienen hasta nueve empleados, seguida por las pequeñas, que tienen hasta 50”, sostuvo a este diario Pedro Cascales, vocero de la entidad, quien agregó: “Le pedimos asistencia al Gobierno, que dijo que no y tampoco tuvimos respuesta del sindicato para poder pagarlo en cuotas. Con lo cual es probable que la mayoría lo termine pagando en cuotas de facto, con acuerdo entre los empleados. Es algo que puede generar conflictividad, porque si un empleado dice que no quiere cobrarlo en cuotas, puede terminar en un juicio. Creemos que en el caso del AMBA y Chaco (los sectores más afectados por el coronavirus), va a ser un problema serio”.
También vislumbran un escenario complejo desde el sector industrial. “Nosotros hicimos una encuesta donde claramente dio que el 51% de las empresas decía que no podía pagarlo y el 22,5% decía que lo iba a pagar en cuotas”, sostuvo Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien remarcó: “En ese sentido, lo que pedimos es financiamiento. El problema que tenemos es la cantidad de pymes que están paralizadas por falta de financiamiento; muchas pueden pagar el salario por falta de financiamiento. En algunos casos, reciben el subsidio del ATP, pero las pymes que comenzaron a funcionar lentamente no tienen capital para poder ser sustentables”.
Con ese panorama, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo (UCR) presentó el lunes un proyecto de ley en el cual propone que empleadores y trabajadores del sector privado estén exceptuados del pago de aportes y contribuciones previstos en el aguinaldo. En su iniciativa la legisladora planteó la suspensión del pago de aportes y contribuciones que integran la CUSS (Contribución Única de la Seguridad Social) y a las obras sociales en el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2020, tanto para empleadores como para trabajadores del sector MiPyME. “Las obligaciones que buscamos suspender implican para empleadores poco más del 25% del salario anual complementario que paga y para los trabajadores una deducción del 17%”, explicó Carrizo.
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