El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, se encuentra llevando a cabo un intenso operativo de control de precios en distintos comercios de la ciudad, desde el inicio del aislamiento social, obligatorio y preventivo por el COVID-19.
En este caso, la infracción se realizó en conjunto con inspectores del Gobierno de la Provincia, a los supermercados La Anónima y Carrefour, en el marco del operativo de control que busca evitar, durante la emergencia por el COVID-19, sobreprecios y desabastecimiento en productos de primera necesidad.
Al respecto, el subsecretario de Gestión Ciudadana, Diego Radwanitzer, expresó que “el control es muy estricto y tiene que ver con la intención del intendente Martín Perez de poder garantizar los productos de la canasta básica en la mesa de los riograndenses”
En el caso de La Anónima, la sanción fue «por carecer de precios de referencia en muchos de sus productos, y en algunos de ellos de manera dolosa, intentando provocar la confusión del cliente», explicó el funcionario, mientras que en Carrefour «hemos detectado desabastecimiento deliberado de un producto de la canasta básica, en este caso la leche, la misma de ‘precio cuidado’ y, al solicitar acceder al depósito para constatar si el desabastecimiento era real, nos hemos encontrado con que en el interior del mismo existía dicho producto. Comprobamos que el desabastecimiento era deliberado, por lo cual también en ese caso hemos procedido a labrar un acta de infracción contra el supermercado”.
En cuanto al trabajo que se viene realizando respecto al control de precios, Radwanitzer señaló que «hemos detectado varios comercios de la ciudad que no pudieron presentar la declaración jurada de precios, con la respectiva retracción al 6 de marzo, tal como lo indica la normativa vigente”, y afirmó que “el ‘Canal Ciudadano de Control de Precios’ es una gran herramienta que nos va a ayudar a fortalecer el control».
El mismo, «ha tenido muy buena aceptación por parte de los vecinos y las vecinas a días de haberla puesto en funcionamiento», debido a que «hemos recibido decenas de denuncias que manifestaban aumentos indiscriminados, precios abusivos por parte de algunos establecimientos, y por otra parte también en algunos casos falta de abastecimiento”, puntualizó el funcionario.
Dicho operativo de control se intensificó tras el Decreto emitido por el presidente Alberto Fernández, que otorga facultades a los Municipios para ejecutar acciones en caso de no respetarse la normativa vigente, la cual está basada en un acuerdo de precios máximos y en la obligatoriedad de no desabastecer en artículos que conforman la canasta básica.
El canal de cobranza extrabancario Pago Fácil también sufrió una sanción debido a que se constató que cobraban un adicional por cada boleta. Dicho sobreprecio por el servicio de cobranza, es un hecho totalmente injustificado que constituye un perjuicio para el cliente o usuario del servicio.
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