El gesto desató la reacción de la bancada del partido derechista Fuerza 2011, que lanzó gritos en contra y mostró ejemplares de la Constitución de 1993, hecha con inspiración del líder de esa agrupación, el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori.
«No hay presidente», gritaban los fujimoristas en referencia a la supuesta ilegalidad del juramento. El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, tuvo que llamar al orden, ante la mirada de 12 jefes de Estado presente y de delegaciones de varios países.
La situación se repitió cuando la primera y el segundo vicepresidentes, Marisol Espinoza y Omar Chehade, también juraron por la Constitución de 1979.
«Moralización, moralización», gritaban los parlamentarios oficialistas en respuesta a los fujimoristas, cuya idoneidad moral se suele poner en duda por la corrupción que imperó en ese gobierno.
La parlamentaria fujimorista Martha Chávez calificó al mandatario de «usurpador» y «golpista» tras haber juramentado por la Constitución de 1979 y no por la de 1993.
«Usted es como Chávez, es un usurpador, tu eres un golpista y dictador. Tu juramento no es válido», gritó durante el mensaje al Congreso.
El ex legislador por Fuerza 2011, Carlos Raffo, consideró que Humala inició su gobierno declarando la «guerra total». A través de su cuenta de Twitter señaló: «Quiero ver ahora a los que aplaudieron a Humala. Es evidente que arrancó provocando».
El opositor, quien no alcanzó ser reelegido para un nuevo período, llamó también al nuevo jefe de Estado como «Ollanta Velazco», en referencia al ex gobernante peruano Juan Velasco Alvarado. «Ahora sí llego la hora de la verdad. Veremos quien es realmente nuestro nuevo presidente», manifestó.
Finalizada la asunción, el segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, explicó que el juramento se hizo «de manera principista, no porque esté vigente esa Constitución sino porque es un acto simbólico». Señaló que el gobierno humalista quiso reivindicar el Estado de derecho «que fue violado y saqueado por la dictadura y el golpe de Estado del 5 de abril de 1992».
Descartó que se esté planteando el retorno a la referida carta magna, aunque contó que su partido sí propondrá «reformas constitucionales como la bicameralidad del Congreso pero eso pasará por un acuerdo democrático».
Chehade criticó, además, a la congresista Chávez, por los abucheos y gritos contra la figura de Humala. «Tendrá que pasar por la Comisión de Ética porque no puede ser posible la malcriadez y la majadería de una legisladora tratando de arruinar una fiesta democrática y por supuesto en presencia de varios presidentes latinoamericanos que son amigos y que no tienen por qué escuchar tamaña majadería».
La líder del Partido Popular Cristiano (PPC) y ex candidata por la alcaldía de Lima, Lourdes Flores, consideró que el mensaje presidencial tuvo un fuerte tono simbólico, pero que difícilmente tendrá alguna relevancia jurídica.
«La mención a la Constitución del ’79 fue eminentemente simbólica, un gesto de provocación política. Y aunque considero que fue innecesario, no va a tener consecuencias jurídicas», indicó. «Fue una forma marcar la cancha con el fujimorismo», agregó.
Hasta ahora se desconoce qué efectos legales puede tener el hecho de que el presidente haya jurado por una Constitución ya derogada. La misma fue elaborada por una Asamblea liderada por el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano y diversos grupos de izquierda. Fujimori la anuló tras dar un «autogolpe» de Estado en 1992.
Las diferencias entre las dos constituciones
Para los críticos, la Carta Magna fujimorista centraliza poderes, debilita el rol del Estado y entorpece la inclusión social. Humala siempre fue un defensor de la de 1979, cuyo principal referente fue el mítico líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre.
La mayor diferencia se da en el plano económico, según informó RPP, particularmente en la función subsidiaria estatal y en el aprovechamiento que este puede hacer de los recursos naturales.
En el artículo 60º de la carta magna de 1993 se determinó que «sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal».
Más adelante, en el artículo 66º, señala sobre los recursos naturales no renovables que «por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares».
En contraste, el artículo 122º de la carta política de 1979, señalaba que «el Estado fomenta y estimula la actividad minera. Protege la pequeña y mediana minería. Promueve la gran minería. Actúa como empresario y en las demás formas que establece la ley (…)».
Durante su discurso, al asumir el mando, Humala prometió que el Perú no volverá a aplicar recetas de un Estado extremadamente intervencionista, pero tampoco irá hacia un Estado extremadamente pequeño y excluyente.