La legisladora del MPF y vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, consideró que el Laboratorio del Fin del Mundo debería brindar explicaciones ante los parlamentarios por las observaciones realizadas desde el Tribunal de Cuentas. Urquiza subrayó que la empresa estatal mixta de producción de medicamentos fue puesta en marcha con un aporte de 150 millones de pesos del Estado provincial, por lo cual el Gobierno es el socio mayoritario, y puso en tela de juicio los contratos de los directores de la entidad.
Respecto de las ventas de medicamentos producidos íntegramente en Tierra del Fuego, la parlamentaria señaló que “ahora queremos ver los números y ver qué ha dado de resultados”.
El organismo fue creado dos años atrás, a partir de una ley aprobada sin oposición por la Legislatura Provincial pero, en los últimos días, la gobernadora Rosana Bertone envió al cuerpo colegiado un proyecto con carácter de urgente que, según explicó Urquiza, de no tratarse en treinta días quedaría aprobado de hecho, y establece la quita de los artículos de la ley relacionados con los controles al laboratorio.
“Nos encontramos con que, ante el análisis de la cuenta general del ejercicio 2018, por parte del Tribunal de Cuentas, cuando informa, tanto al Ejecutivo como a la Legislatura, el resultado de este análisis es que surgen observaciones con respecto a lo que rinde el laboratorio”, expresó Urquiza.
Por otra parte, acerca de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo provincial, la parlamentaria indicó que “lo que hace es quitar los puntos que tienen que ver, justamente, con el control que debe hacerse al laboratorio, que es una Sociedad Anónima, es una figura distinta de un ente autárquico, cómo puede ser Obras Sanitarias, Energía, o el IPV”.
“En este proyecto de ley que hemos recibido lo que están haciendo es pretender legislar de forma retroactiva, es decir al momento que se crea esto, para que la investigación que está en curso del Tribunal de Cuentas quede en la nada”, expuso la mopofista.
Urquiza resaltó que “más allá de que esté dentro de la ley de sociedades comerciales, tiene que tomar injerencia el Tribunal de Cuentas, tiene que hacer un control, como corresponde”. “Hay muchas cosas por revisar y de estas cosas hay que rendir cuentas, porque no deja de ser la plata del Gobierno de la provincia”, remarcó la legisladora.
Según mencionó la vicegobernadora electa, del control del Tribunal surge que “hay tres directores y los tres directores se contratan a su vez como gerentes, uno como gerente general, otro como gerente financiero, otro como gerente de negocios”, destacando que el contrato del Dr. Carlos López tiene una vigencia de cinco años, por 125 mil pesos mensuales que se actualizan por el convenio del sector y, actualmente, supera los 200 mil pesos. Así mismo, si el próximo Gobierno decidiera rescindir el contrato, debería pagarle al profesional más de ocho millones de pesos.
“No aportan a la caja provincial, no aportan a la obra social y, por ejemplo, a los gerentes se les paga la obra social, y lo dice bien clarito el contrato, Osde 410, y se le paga todos los impuestos que ellos deben pagar por tener el contrato”, mencionó Urquiza.
Con relación al proyecto enviado por el Ejecutivo para que la investigación del Tribunal de Cuentas “quede en la nada”, la parlamentaria explicó que se buscará “primero sacarle el tratamiento de urgencia, que esto tiene que ver con una sesión de la Legislatura, para que sea girado a comisión y, efectivamente, analizarlo en comisión, porque queremos que todos vengan a dar las explicaciones”.
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