No contento con el efecto negativo que han causado sus medidas de gobierno en estos treinta y un meses de gestión, el presidente Mauricio Macri y su equipo están pensando en eliminar los subsidios al gas en gran parte de la Patagonia, según reportaron varios medios nacionales que tienen línea directa con la Casa Rosada.
Ya se sabe, cuando el Gobierno nacional quiere testear un medida futura, primero la filtra en algún medio afín y pone a su equipo de “trolls” a “militarla” en las redes sociales. Por estos lares todavía resuenan las críticas al conductor del noticiero de Telefé, Rodolfo Barilli, quien hace pocas semanas presentó muy suelto de cuerpo y con su habitual voz engolada –y con un despliegue técnico inusual-, un informe sobre las “veredas calefaccionadas” de la Patagonia. El objetivo era claro: tratar de influir en el pensamiento colectivo para sembrar la idea de que en la Patagonia se malgasta el gas. Como más de una vez ya lo han dicho el propio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Nada del informe de Telefé, como es obvio, era cierto. Pero así y todo, uno de los noticieros más vistos y respetados de la televisión argentina armó –¿a pedido de la Casa Rosada?- una de las “fake news” (noticias falsas) más increíbles de los últimos tiempos para “militar” otro de los ajustes de Cambiemos.
La eliminación de los subsidios al gas que iba a ser gradual hasta 2021, ahora podría anticiparse tras la abrupta salida del Ministerio de Energía del talibán de los tarifazos, Juan José Aranguren, reemplazado por Javier Iguacel, un funcionario menos brutal a la hora de declarar pero igual o peor de puntilloso que su antecesor para ejecutar el ajuste de los subsidios, uno de los faros del plan económico de Cambiemos.
“Los subsidios al gas y a la electricidad los pagamos todos con más inflación y deuda”, dijo en abril pasado el Presidente en un video grabado en Vaca Muerta y difundido por el aparato oficial de prensa. Parecía una diatriba de ocasión pero era, en realidad, un anticipo de lo que ahora pareciera va a ocurrir indefectiblemente.
Fin del gradualismo
Actualmente, las tarifas del servicio de gas en la región patagónica mantienen hasta un 73% de subsidio del Estado Nacional, aunque en Chubut ese subsidio ronda el 60% en las facturas de los usuarios. Claro que no se trata de una prebenda sino de un derecho adquirido por la región que aporta buena parte de la energía que consume el país y, sin dudas, es la más castigada por el frío en la temporada invernal
Sin embargo, el fin del gradualismo que se llevó puestos a varios ministros, también arrollará a los subsidios y, por ende, las tarifas podrían dispararse mucho más de los que ya se dispararon durante estos últimos dos años.
No son pocos los clientes chubutenses de Camuzzi Gas del Sur que han comenzado a recibir facturas por más $ 10.000 a pagar en dos cuotas, que se reducen a $ 4.500 por efecto del subsidio. Consumos por las que hace un año se pagaba una décima parte, en el peor de los casos.
El plan de quita gradual de los subvenciones a la energía eléctrica y al gas que contempla llegar a “Subsidio 0” en 2019, incluiría a todas las provincias patagónicas, que en un principio había sido incluidas en un programa gradual de quita de subsidios que se iba a extender hasta 2021.
Se viene otro tarifazo
Lejos de pensar en levantar el pie del acelerador, se sabe que el Gobierno nacional está terminando de definir la hoja de ruta de los próximos aumentos tarifarios. Aunque la envergadura de la suba ya está definida: las tarifas de electricidad y gas aumentarán un 25% en septiembre y octubre, respectivamente, reportó el influyente portal de noticias energéticas EconoJournal, basado en altas fuentes del Gobierno de Cambiemos.
La meta de la Casa Rosada es cumplir los compromisos asumidos el mercado regulatorio del sector de distribución. Eso obliga al Estado a trasladar a los cuadros tarifarios el impacto de la inflación registrada en el semestre (se calcula sobre el IPIM, que mide la evolución de los precios mayoristas). También implica respetar los contratos firmados entre las empresas gasíferas (Metrogas, Gas BAN y Camuzzi, entre otras) y las productoras (YPF, Total, PAE y Wintershall), agrega EconoJournal.
El Gobierno estima que un 25% de aumento en la factura que paga los usuarios residenciales, los comercios y PyMEs será suficiente para cubrir esos ítems. No está claro, aún, si la suba se instrumentará de una sólo vez en septiembre y octubre o si se desagregará en cuotas. Lo más probable, según indicaron fuentes del Gobierno, es que se apliquen en una sola vez.
La explicación oficial es que el precio promedio del gas que las petroleras venden a las distribuidoras (US$ 4,68 por millón de BTU) está vigente desde el 1º de abril de este año. ¿Qué argumentan en el Gobierno? Que por la devaluación de la moneda, lo que pagan los consumidores en pesos por el gas no alcanza para respetar el precio en dólares contractualizado con las petroleras.
El Ministerio de Energía apuesta a corregir las tarifas para que las distribuidoras tengan ingresos suficientes para bancar ese precio en dólares. Claro que el costo lo deberán absorber –una vez más- los consumidores. O sea, como ya es costumbre en esta gestión de Cambiemos, el Estado interviene para cuidar los intereses de las empresas, no los de los ciudadanos.
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