«Si la política no me pone límites, yo voy a seguir», decía el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a sus pares en la última reunión del Consejo Federal Energético explicando que el camino definido por la Casa Rosada respecto de las tarifas no iba a cambiar.
Ayer, en medio de la discusión de los aumentos tarifarios, el secretario de Coordinación de Planeamiento Energético, Daniel Redondo, convocó de «urgencia» al Consejo que reúne a los ministros y secretarios provinciales del sector para reunirse el lunes en el Ministerio de Hacienda nacional.
La convocatoria -que a algunos funcionarios provinciales les llegó por correo electrónico pero a otros por mensaje whatsapp- tendrá como eje «discutir en el seno» del Consejo «las medidas que se han propuesto para atenuar el impacto de los nuevos cuadros tarifarios para el gas natural que se implementaron a partir del 1 de abril pasado».
Lo que busca discutir el Gobierno con las provincias es la propuesta de «retrotraer la tarifa social a su estado de noviembre, previo el aumento, y financiar 50/50 el subsidio».
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ya comenzó los contactos con los gobernadores y desde Energía y Minería hicieron lo propio con los ministros provinciales. Pero no será simple.
Se espera que los mandatarios provinciales, en especial los que pertenezcan a la oposición, se pronuncien respecto si aceptan pagar la mitad del subsidio o que en su provincia la tarifa social sea más cara.
Las provincias que presentan la mayor cantidad porcentual de usuarios bajo el sistema de Tarifa Social son dos gobernaciones enfrentadas a la Casa Rosada. San Luis y La Pampa tienen el 30% de los usuarios que están conectados a la red de gas con subsidio.
En segundo lugar, quedan Salta (27%) seguida por Buenos Aires, San Juan y Santiago del Estero con el 26% del total de los consumidores conectados a la red con subsidio.
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