El Juzgado Civil en Documentos y Locación de la Quinta Nominación de Tucumán falló contra Claro AMX Argentina SA, que deberá indemnizar con $100.000 a un tucumano que inició una demanda hace cinco años por la mala prestación del servicio público de telefonía.
El abogado del demandante, Augusto Moeykens, quien prefirió reservar el nombre de su cliente, expresó a la página web Abogados Tucumán que el hombre había contratado el servicio de tercera generación (3G) que incluía teléfono y un módem inalámbrico de Internet para conexiones domiciliarias.
A pesar que en varias oportunidades intentó dar de baja el plan contratado, porque el servicio nunca funcionó correctamente, no obtuvo respuestas de la compañía que continuaba remitiéndole facturas.
“Hicimos una denuncia en Defensa del Consumidor, pero como la empresa no respondió en conformidad, la demandamos por daño moral y punitivo, una nueva figura del derecho del consumidor para disuadir a las compañías que no cumplan con sus servicios”, comentó el abogado.
Según se lee en el escrito: “se ordena a abonar al actor… la suma de $50.000 en concepto de daño moral y el monto de daño $50.000, en concepto de daño punitivo”.
En el caso de este usuario, había fallecido uno de sus padres y, al estar radicado en la provincia de Córdoba, no podía conocer el hecho ni recibir condolencias de familiares y amigos porque la telefónica había cortado el servicio.
La compañía trató al cliente como si hubiera incurrido en algún incumplimiento, cuando, en realidad, la concesionaria era la que violaba lo convenido en el contrato.
«La sentencia fue favorable porque cubrió el daño moral de un consumidor que tuvo que peregrinar por oficinas de atención al cliente e iniciar demandas en organismos de defensa al consumidor, agravándose, además, por el hecho de que la compañía interrumpió el servicio telefónico«, explicó el abogado.
Por lo general, los consumidores no inician pleitos debido a las altas costas legales. En este caso, el cliente persistió con su reclamo a través de un juicio que se inició en el año 2012 y hace unas semanas tuvo una sentencia firme.
“Si bien es un buen antecedente, el peregrinar en la Justicia hizo al trámite legal muy gravoso. Esperamos que en algún momento los jueces entiendan la importancia de acelerar estas causas”, reclamó Moeykens.
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