El salario mínimo subirá a 10 mil pesos el año que viene aunque sólo 10% durante 2017. Fue la decisión que adoptó de forma unilateral el Gobierno ante la falta de acuerdo con las centrales sindicales en la reunión del Consejo del Salario, la segunda en la administración de Mauricio Macri. La resolución, instrumentada a través de un laudo inédito desde la reanudación en 2004 del mecanismo de actualización- extenderá además la vigencia del piso salarial por un total de trece meses, lo que también reduce el impacto de bolsillo del 24% de ajuste nominal.
La convocatoria al órgano tripartito de debate se concretó en medio de protestas de las organizaciones sociales que quedaron al margen, a pesar de que desde este año el piso salarial tiene incidencia directa en el valor de los planes sociales a partir de la sanción de la ley de Emergencia Social. También era clave el nuevo monto por su impacto en el salario docente a partir del compromiso del Ejecutivo de garantizar un 20% más que el piso formal para el ingreso de los trabajadores de la educación.
La discusión quedó trunca desde temprano. Una reunión plenaria por la mañana con la participación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, representantes de la CGT y la CTA y los miembros de las principales cámaras empresarias, selló el destino de la jornada cuando Pablo Moyano, de la central mayoritaria, cerró los discursos con una arenga en la que advertía que el reclamo unitario de los gremios sería por un aumento del 74%, de modo de subir el mínimo salarial de 8.060 pesos a $14.060, equivalente al monto de la canasta básica de bienes y servicios que fija la línea de pobreza.
De ese modo quedaron unificados los planteos del triunvirato de CGT con los de ambas versiones de la CTA. En los días previos Triaca había intentado convencer los gremios mayoritarios de convalidar una suba por debajo del 25% para evitar un impacto fiscal mayor por arrastre sobre subsidios y sueldos docentes. La representación empresaria, en tanto, había propuesto un ajuste del 20,3% en tres tramos, hasta julio del año que viene.
Sin debate
En ese escenario los representantes gremiales ni siquiera concurrieron a dos reuniones de la Comisión del Salario Mínimo, que en teoría debía acordar el nuevo piso. Sólo hubo una reunión informal de un reducido grupo de dirigentes con el ministro Triaca en su oficina para intentar un acuerdo de último momento previo al plenario de cierre, previsto para las 16. En esa instancia ya era claro que la CGT prefería descargar en el Gobierno el peso de una resolución unilateral y no pagar el costo político de un aumento muy lejano a la canasta básica.
El laudo que firmó Triaca estableció que el piso subirá de los actuales $8.060 a 8.860 pesos a partir de julio, lo que representa una variación de menos del 10% para todo 2017 (el último aumento se había registrado en enero de este año). Recién el año que viene habrá un nuevo aumento a partir de enero, cuando el monto se elevará a $9.500, y en julio, cuando debería vencer la vigencia del nuevo acuerdo y renegociarse un nuevo salario mínimo, el valor pasará a 10 mil pesos.
En la cartera laboral explicaron que el mecanismo del laudo, si bien registra pocos antecedentes en la historia de las relaciones laborales en la Argentina (uno de los más recordados fue el que en 1975 firmó el entonces secretario de Trabajo, Carlos Ruckauf, para dirimir una disputa a favor de los metalúrgicos de UOM para representar a trabajadores automotrices, hasta entonces regidos por el convenio de los mecánicos del SMATA) está previsto en la ley de creación del Consejo del Salario. Y que equivale a un fallo de primera instancia, que puede ser apelado ante la Justicia laboral. Ayer sólo en las dos versiones de la CTA analizaban esa posibilidad.
La jornada tuvo largos vacíos por la decisión sindical de ausentarse del debate que era foco de atención. Sólo destacó la participación del hijo de Hugo Moyano en la apertura una vez que, además de fijar la pauta, le reprochó en términos agrios a Triaca por la intervención oficial en las discusiones paritarias. Por lo demás, los participantes realizaron en el arranque un minuto de silencio por el fallecimiento del dirigente rural Gerónimo «Momo» Venegas.
Por la CGT participaron los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, así como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Carlos Frigerio, José Luis Lingeri, Julio Piumato, Oscar Rojas y Sergio Romero; mientras que de las CTA estuvieron Pablo Micheli, Pedro Wasiejko, José Rigane y Roberto Baradel. La representación empresaria estuvo integrada por Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Ricardo Güell, Horacio Martínez, Eduardo Franciosi, Sergio Nunes y Juan Carlos Mariani (todos por la Unión Industrial); Alberto Frola y Daniel Asseff (entidades del agro); Graciela Fresno y Verónica Sánchez (hoteleros); Pedro Etcheberry y Carlos Echezarreta (mercantiles), Adelmo Gabbi (Bolsa), Ignacio De Jáuregui (CAME) y Jorge Hulton (Cámara de la Construcción).
Las protestas que colapsaron el centro porteño buena parte de la jornada corrieron por cuenta de entidades como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que contaban con participar del debate pero quedaron afuera a último momento por falta de acuerdo de la CGT y la CTA de Hugo Yasky para invitarla. La posible presencia de organizaciones sociales en el Consejo del Salario apuntaba al impacto que tendrá desde este año el piso fijado en unos 400 mil planes sociales cuyo valor debe ser de al menos la mitad.
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