Acaparar el mérito, ganando la primera plana cuando se celebra un corte de cintas o la concreción de un beneficio para algún contribuyente, es una oportunidad que ningún funcionario desdeña, y menos si se acerca un tiempo electoral.
Una forma vil de ejercer este vicio de la política lo tiene como exponente emblemático al intendente de Río Grande, cuyos inciertos escrúpulos terminan de desaparecer cuando se trata de ordenar una foto para la tapa de los diarios mostrándose a sí mismo, o a alguien de su familia íntima, entregando un subsidio o una donación, generalmente miserable por escasa y por estar oblada con fondos ajenos, del erario público.
En ese marco, la entrega de llaves de viviendas construidas con fondos del Instituto Provincial de
Manfredotti iba más allá: cuando los tiempos electorales se acercaban, dividía en dos o tres etapas la adjudicación de viviendas para tener en poco tiempo tres actos, tres fotos, tres tapas de diario. Sin olvidar nunca las bolsas de chupetines que en persona regalaba a los niños presentes mientras él mismo degustaba el suyo.
“Pero ha querido el destino que todo aquello acabara”, al decir de José Hernández. Fruto de una larga cadena de desvíos y saqueos, el IPV vive la etapa más desgraciada de su historia, y la tarea más importante de sus funcionarios es explicar a los atribulados aspirantes por qué motivo (cierto o falso) sus sueños deberán seguir esperando meses, años quizás.
En ese marco, el complejo habitacional Chacra XIII se ha constituido en el monumento (inconcluso, claro) a la inmoralidad y la venalidad en la gestión de gobierno. Debe ser uno de los muy pocos casos en el país que se lleva adelante un emprendimiento inmobiliario sin la provisión de servicios, una estafa ilegal en cualquier ámbito e insostenible si se perpetra desde el Estado.
Pero en nuestra pequeña “Macondo” todo está permitido para los funcionarios que se van sucediendo, cada vez más hábiles en el deporte de echar la culpa al que los precedió. Los yerros se tapan con nuevos fallidos y la estafa –moral y material- se va estirando en el tiempo y en el volumen del timo.
En ese marco, el IPV acaba de disponer la entrega de nueve (sí, nueve) llaves a igual número de adjudicatarios que no podrán hacer uso de ellas, sólo custodiarlas, y habiendo firmado que adquieren la responsabilidad (que es indelegable del Estado) de velar por su seguridad y hacerse responsables de cualquier daño eventual que pudiere ocurrir a la propiedad.
Esto es ilegal y
Los servicios no están y no estarán por mucho tiempo. El final de obra es una utopía y el Estado no se puede desprender de los inmuebles sin terminar, pero en este marco desquiciado de desaciertos y falta de recursos válidos, la improvisada solución parece ser el camino oportuno para desactivar la bomba de tiempo en que se ha convertido el reclamo popular de las víctimas de la estafa.
De todos modos, la bomba puede desactivar pero la chispa de la indignación sigue encendida. Quizás por ello la presidenta de turno del Instituto prefirió dejar a otros el honor de entregar las llaves. Ninguna autoridad importante se hizo presente para la ocasión; vérselas con los perjudicados y soportar las consecuencias de algunairritación fuerte, pasó a ser parte de las funciones y misiones de los empleados de planta, que tienen experiencia en esto de bancarse el enojo colectivo.
La señora Gabriela Muñiz Siccardi mandó a decir que “lamentaba no haber podido estar presente en la entrega” y tuvo la fina atención de agradecer vía gacetilla “la paciencia de los adjudicatarios que esperaron durante este tiempo”.
La señora Muñoz Siccardi no necesitó peinarse para comunicar todo esto. Es que no tenía la menor intención de salir –por esta vez- en la foto.