Antes que un recorte, el gobierno nacional busca ahora contener el ingreso de más agentes tanto a la Administración Pública a nivel federal como en los niveles provinciales.
Así se desprendió de la información que una fuente oficial del ministerio del Interior confirmó a medios nacionales sobre las discusiones «entre bambalinas” que sostienen los funcionarios con los gobernadores de las distintas jurisdicciones.
La situación está en la mira de las autoridades y ya al menos dos informes de consultas independientes muestran los porcentajes en alza del empleo público en las jurisdicciones provinciales.
Economía y Regiones (E&R) da cuenta de que en un lapso de seis años -entre 2010 y 2016- el personal de las provincias aumentó dos puntos porcentuales por año y el de la Nación, el doble, cuatro puntos porcentuales.
«Congelar”
Desde el gobierno nacional, según publican medios de comunicación, ya confirmaron que una parte de la discusión por la reforma impositiva integral y la nueva ley de Coparticipación incluye un «ítem” clave: acordar con los gobernadores mediante consenso para avanzar hacia «una mejor administración de los fondos públicos”.
El plan, lisa y llanamente, busca «congelar” la contratación de trabajadores del Estado tanto a nivel nacional como provincial. La cifra que se esgrime para fundamentar la decisión es elocuente: dos de cada tres empleados públicos del país son empleados provinciales y no nacionales.
Con este número ilustrativo en mente, desde Nación explican que el esfuerzo fiscal para paliar la crisis general debe estar balanceada. «Habrá asistencia, acompañamiento para mejorar la recaudación y apoyo para obras. Hemos devuelto recursos; hace falta que también de la otra parte se asuman compromisos y se cumplan”, aseguró un funcionario del ministerio del Interior al diario La Nación.
Con el control en las manos, ya desde el desdoblado ministerio de Hacienda y Finanzas explican que las cifras que expongan los gobernadores sobre contrataciones y empleo público se incluirán en el tablero general de análisis para determinar si una provincia tiene buena o mala perfomance fiscal.
Un antecedente ya se había registrado durante 2016: desde el gobierno nacional se advirtió a los gobernadores que no se garantizaba pedir dinero «prestado” a la Nación para poder solventar los gastos de salarios, como ya realizan los municipios locales catamarqueños en algunos casos al pedir fondos reintegrables a la provincia.
Según da cuenta el citado matutino nacional, «el desafío es encontrar mecanismos que permitan superar los compromisos ‘voluntaristas’. En esa línea, una posibilidad en estudio es que, auditados los números, los gobernadores con mejor gestión tengan un apoyo ‘extra’”.
Cifras comprometedoras
La consultora NoaNomics pergeñó un informe clave que da cuenta de la situación de exponencial crecimiento de las plantas de personal de las jurisdicciones provinciales.
En un rango de doce años analizados, las provincias aumentaron en promedio un 53 por ciento sus plantas de personal. Sin embargo, hay casos que se encuentran ostensiblemente por encima de la media establecida.
Una de ellas es Catamarca. Entre 2003 y 2015, según la misma consultora, la planta de personal creció un 88 por ciento. La provincia se ubica tercera en este ranking de «crecimiento”, solamente superada por las provincias de Tierra del Fuego y Chaco con sendos 108 y 92 por ciento de crecimiento de la planta de empleados.
En los siguientes puestos se ubican Salta, con un 84 por ciento, y Santa Cruz, con un 80%. Dato al margen: Salta cuenta con legislación puntual para evitar ingresos «innecesarios” a la Administración Pública, aunque no se ha constatado si se aplica efectivamente.
El análisis de NoaNomics, cabe destacarlo, sólo tiene en cuenta las administraciones provinciales y no las administraciones municipales de cada jurisdicción, las cuales también han registrado crecimientos en los últimos años.
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