Hace una semana, eran todas sonrisas. Policías, abogados, fiscales y representantes de la Justicia Federal celebraban el primer procedimiento realizado en Tierra del Fuego bajo la nueva Ley de Flagrancia: dos jóvenes, atrapados mientras vendían droga en Río Grande, deberían ser llevados ante un Juez para decidir si continuarían en libertad o serían apresados. Con rapidez, celeridad. O al menos eso pensaban todos.
Lo cierto es que la primera aplicación de la nueva Ley de Flagrancia chocó, como ocurre en tantos otros órdenes en nuestros lejanos parajes, contra una pared de concreto. La falta de equipamiento y la completa acefalía que reina hoy en los juzgados federales de Ushuaia y Río Grande obligó a un Juez a dar marcha atrás y aplicar el viejo procedimiento por drogas, dejando a los dos detenidos en libertad.
Sin Juez y sin sistema
Menos de 24 horas después de la propia detención, y tal como establece la nueva normativa, los dos aprehendidos fueron llevados ante un Juez, para que éste decidiera si ambos deberían quedar presos o bien ser liberados.
El trámite, que debería caracterizarse por la celeridad, comenzó con el pie izquierdo, cuando los dos detenidos se encontraron con que el Juez Guido Otranto que aparecía en una pantalla, a través de una videollamada, era de Esquel .
Es que la jueza Federal de Río Grande, Lilian Herráez, se jubiló hace meses, nunca llegó su relevo y quien subroga hoy el distrito norte, Federico Calvete, está de vacaciones. Por ello, se debió recurrir a un mecanismo, por lo menos, discutible: que del Juzgado de nuestra ciudad se haga cargo el Juez de Esquel, un completo desconocedor de nuestra realidad, a más de mil quinientos kilómetros.
Por si fuera poco, la comunicación con Otranto comenzó a fallar y al no contar con las herramientas necesarias para proseguir con la videollamada, se decidió suspender la aplicación de la nueva normativa y volver al antiguo procedimiento.
¿El saldo? Todos libres y con apenas algunas restricciones a la hora de salir de la provincia. La decisión fue informada a los trabajadores del Jugado Federal de Río Grande por el propio Juez de Esquel a través de un llamado telefónico.
Acefalía
Las dificultades técnicas antes descritas habrían quedado en la nada si en el ámbito federal de Tierra del Fuego existiese, a la fecha, alguna autoridad que ejerza Justicia.
A modo de ejemplo, sirve relatar que también en la última semana, este nuevo procedimiento se aplicó en Mendoza, en condiciones similares pero con resultados diametralmente opuestos: un hombre fue detenido mientras vendía droga en la vía pública, el Juez Federal ordenó allanamientos en su domicilio, se encontraron más estupefacientes y fue condenado a prisión a menos de dos días de su aprehensión.
En Tierra del Fuego, aún miramos esa rapidez con cierta envidia. Nos toca esperar a tener un sistema que permita realizar videollamadas como corresponde. O bien podríamos tener un Juez Federal, lo que por ahora es poco menos que una utopía.
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