La Justicia Federal le alquila una de sus sedes en la ciudad de Ushuaia a una empresa y al directivo de una compañía vinculadas con el empresario de la construcción Lázaro Báez, según se desprende de una investigación exclusiva realizada por Télam sobre los bienes y negocios de Báez en Tierra del Fuego.
Se trata del lugar donde funciona el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia desde el año 2011, alquilado a la empresa «Patagonia Financial Services SA» y a Antonio Ramfos, directivo de «Credisol SA». Ambas relacionadas con el empresario santacruceño detenido desde abril.
El fiscal Guillermo Marijuán anunció el hallazgo de ocho propiedades del titular de Austral Construcciones en la isla.
Aunque no precisó de cuáles se trata, una de las propiedades de Báez es el edificio «Ushuaia Tower», situado en la calle San Martín 130, pleno corazón de la capital fueguina.
La imponente construcción incluye 40 departamentos y 17 cocheras distribuidas en 5 pisos, con la particularidad de que 15 de los departamentos y 10 de las cocheras figuran a nombre de personas o empresas vinculadas con Báez.
Por ejemplo, los departamentos 202, 204 y 209 del segundo piso, además de otros 5 (8 en total) y 5 cocheras, son propiedad de Antonio Ramfos, integrante de «Credisol S.A», la financiera que bajo distintas denominaciones se dedicó a otorgar créditos a empleados públicos santacruceños y fueguinos, y que posee diversas vinculaciones con Lázaro Báez.
El principal vínculo es Ernesto Clarens, dueño de «Invernes S.A.» y financista de confianza del ex presidente Néstor Kirchner. Pero Credisol también le vendió inmuebles a Báez en Río Gallegos.
Además, empresas vinculadas, como la fiduciaria Edificio Northville, tuvieron entre sus directivos al ex presidente nominal de Austral Construcciones, Julio Mendoza; a Fernando Butti, ex mano derecha de Báez, y al propio hijo del empresario santacruceño, Martín Báez, según publicó el diario La Nación en 2014.
Credisol fue una de las empresas ligadas a Báez que alquiló habitaciones que nunca se habrían ocupado en el hotel Alto Calafate, dando lugar a la causa judicial conocida como «Hotesur».
Con el mismo nombre, pero bajo la figura societaria de «Credisun SA», Credisol todavía tiene un local abierto en Ushuaia, en la calle Godoy 183, y le factura servicios a la municipalidad por montos de entre 50 mil y 80 mil pesos mensuales.
La otra empresa relacionada con Báez en el edificio de Rivadavia 130 de Ushuaia es «Patagonia Financial Services», dueña de los departamentos 203 y 208 del segundo piso, y de otros 4 (6 en total) además de 4 cocheras.
La compañía está ligada a Báez de varias maneras.
Por un lado a través de Clarens, aunque también porque Félix Roberto Di Perna, ex accionista de Austral Construcciones junto con Lázaro, integra el directorio de «Patagonia Financial Services», junto con Clarens y con su hija María Eugenia, según publicó el diario Clarín en 2013.
Por otro lado, en uno de los comercios del mismo edificio de Ushuaia que da a la calle San Martín, funcionó la casa de cambios Thaler, propiedad de Clarens que también tuvo sedes en Santa Cruz.
A comienzos de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia corría el riesgo de quedarse sin un lugar físico donde funcionar a raíz de una intimación del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, dueño de la anterior sede en el barrio 60 Viviendas de la misma ciudad fueguina.
Es por eso que el 27 de mayo de ese año, el administrador general del Poder Judicial de la Nación, Ernesto Krieger, firmó la resolución 1037, habilitando una «compulsa de precios de urgencia» con el objetivo de «evitar la suspensión de la prestación del servicio de justicia en forma adecuada».
De eso modo, se autorizó el alquiler del segundo piso completo del edificio «Ushuaia Tower», incluyendo 8 departamentos y 4 cocheras.
La operatoria abarcó a los departamentos 202, 204 y 209, y las cocheras 8 y 10, propiedad de Ramfos, y los departamentos 203 y 208, propiedad de «Patagonia Financial Services».
Los demás dueños de departamentos que le alquilaron a la Justicia fueron el empresario de la salud Carlos Sánchez Pósleman, dueño de la Clínica San Jorge y vinculado a la construcción del edificio; y Juan Antonio Bernales.
El primer contrato se pactó por tres años y por un valor progresivo que comenzó en $31.504 y terminó en $46.464 mensuales incluyendo a todas las unidades funcionales.
El 14 de abril de 2015, ya vencido el acuerdo, se firmó una renovación por otros tres años que todavía está vigente.
El nuevo contrato varió la propiedad de dos de los departamentos, pero mantuvo los que siguen a nombre de las empresas ligadas a Báez.
La Justicia solo pidió incluir el alquiler de un nuevo departamento, para que funcione allí la guardia de Gendarmería, pero se pautó tramitar esa contratación separada del resto.
También cambiaron los valores: $78.237 el primer año, $105.620 el segundo y $ 142.587 el tercero.
La resolución que prorroga el convenio es la Nº 900/15 y la firma otro administrador del Poder Judicial de la Nación: Claudio Cholakian.
En el edificio que la Justicia Federal le alquila a empresas de Lázaro Báez también es propietario Gonzalo Daniel Finkelberg, directivo de la empresa «Loan SA» y de «All Stones SA».
Gonzalo es hijo de Mario Gerardo Finkelberg, ex integrante de Credisol SA y ex vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego en la gestión de Carlos Manfredotti, cuando el banco fue investigado por lavado de dinero a través de la compra y venta de dólares.
Las propiedades de Báez en Tierra del Fuego no se limitan al edificio donde funciona la Justicia Federal, sino que comprenden hosterías, cabañas, comercios y empresas donde el mismo Poder Judicial que le paga alquileres, deberá comenzar a poner la lupa.
(Fuente Agencia Télam)
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