El actual presidente del Banco de Tierra del Fuego y ex funcionario del Banco Central por más de once años, Miguel Pesce, se encuentra entre los doce ex funcionarios nacionales (algunos continúan en sus cargos) en el marco de la causa judicial conocida como “dólar futuro”.
Los procesamientos dispuestos por el juez Federal Claudio Bonadío bajo la acusación de «administración infiel en perjuicio de la administración pública» alcanza a la que fuera presidente de la Nación entre 2007 y 2015 Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kiciloff, al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; y la que fuera plana mayor del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Entre los procesados están, también, el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, los ex funcionarios del Banco Central Flavia Marrodan, Bárbara Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Pedro Biscay, Sebastián Aguilera y los exejecutivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Guillermo Pavan y David Jacoby. Bonadío ordenó trabar un embargo de 15 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los exfuncionarios sobre los que dictó el procesamiento.
Entre sus argumentos, Bonadio mencionó “el irregular, ilegal e ilegitimo despliegue de esta operatoria realizada por los imputados al amparo de un legítimo instrumento de política monetaria, se llevó a cabo una maniobra por la cual se obligó abusivamente a la autoridad monetaria con cifras descomunales y en perjuicio del Estado Nacional”.
Para el magistrado, la expresidenta lideró una operatoria «de administración infiel» para las arcas del Estado que le costaron a la entidad 17 mil millones de dólares.
La denuncia
La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo; y el radicalismo, Mario Negri; en lo que fue el primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.
Los legisladores, asesorados por el actual ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al vender a 10 pesos algo que debía venderse a 15.
Bonadio consideró «impensable» que una operación financiera «de tal magnitud» hubiera sido implementada «sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional», máxime cuando la propia entonces presidente se jactaba en público de ser quien tomaba las decisiones de la política económica. No obstante, el juez entendió que eso «no lavaba las responsabilidades» del resto de los funcionarios y rechazó la supuesta autarquía de las entidades que intervinieron en la polémica operatoria.
En tal sentido, el procesamiento recayó sobre todos los que hubieran tenido algún grado de decisión dentro del organigrama necesario para definir la operación de venta de dólares.
Miguel Pesce (quien sobrevivió a numerosos cambios en la conducción del Central por su sólido perfil técnico) se encuentra entre los procesados, y fue indagado el pasado 6 de abril por el Juez.
Pesce fue vicepresidente del Banco Central durante la presidencia de Martín Redrado (2004- 2010), Mercedes Marcó del Pont (2010-2013), y presidente interino del banco en 2010. Presentó su renuncia días después de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia y fue automáticamente nombrado por la gobernadora Rosana Bertone para dirigir el Banco de Tierra del Fuego.
En su declaración, Pesce permaneció más de siete horas ante Bonadío, aportando un grueso caudal de información técnica que, a juicio de sus asesores, demuestra que no hubo una intención de perjudicar al erario público, sino que la operatoria formaba parte de una estrategia de política económica opinable desde punto de vista.
Los abogados del presidente del BTF adelantaron que el miércoles próximo presentarán la apelación correspondiente y confían en que la Cámara revierta el fallo de Bonadío, por cuanto se trata (a su juicio) de una situación meramente política que no puede ser juzgada desde el aspecto económico y por tal no cabe configurarlo como delito.
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